Desde 1983 la democracia argentina tuvo una saludable dosis electoral: cada dos años se vienen realizando comicios legislativos y cada cuatro, para cargos ejecutivos. Con el tiempo hubo críticas a los comportamientos que inducía semejante vértigo electoral, sumado, desde 2011 a las PASO que también modificaron la dinámica electoral, acortando el timing y sometiendo a las decisiones al escrutinio del oráculo de la opinión pública desde temprano. Las medidas antipáticas para una mayoría son más difíciles de tomar durante los años impares y se pueden llegar a postergar hasta la semana posterior al veredicto de las urnas, como ocurrió con el cepo cambiario impuesto luego del 54,5% de la reelección de Cristina, en 2011.
La reciente implementación del eufemístico “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, más conocido como “impuesto a la riqueza” llena varios casilleros para confirmar esa lógica. En primer lugar, afectaría a no más de 12 mil personas (unas 9 mil según los impulsores de la ley); también cumple con el requisito del juego para la tribuna, aunque las presentaciones judiciales que se vienen mermarían la capacidad recaudatoria efectiva. Los argumentos esgrimidos por los legisladores ya fueron revisados por abogados y la judicialización será inevitable. La desconfianza apunta a su imposición por “única vez”, el mismo antecedente de otras leyes impositivas de emergencia, desde la sanción en 1932 del mal llamado Impuesto a las Ganancias. En este caso, asumiendo que no sería así, las alícuotas trepan hasta el 5,25% para los activos declarados en el exterior a los que hay que sumar 2,25% del impuesto a los Bienes
Personales. En un mundo con tasas tendientes a 0% y con el típico bono del Tesoro de los EE.UU. rindiendo 1% anual en dólares, esta versión del nuevo impuesto (el número 170 según llevan la cuenta los especialistas), claramente afecta el stock de capital y no su flujo. Su base impositiva son las personas físicas que más tienen declarado, con peso electoral marginal. Pero también, mirando más allá de 2021, son los que tienen voto calificado a la hora de ahorrar e invertir. Un viejo dilema de las finanzas públicas que se actualiza como nunca en la Argentina de la frazada corta: hay impuestos que son fáciles de recaudar, pero ineficientes, por inequitativos o distorsivos.
Esto no le gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Entre 2005 y 2020 el gasto público total creció en la Argentina más de 15 puntos del PBI
En los países más desarrollados, los impuestos son altos pero el padrón de contribuyentes es mucho más amplio. En Argentina, sobre un padrón electoral de 35 millones de personas, sólo pagan impuesto a las ganancias o son autónomos el 12% del total. Y de ellos, probablemente el quintil más elevado sea el que explica el 80% de la recaudación. La lógica electoral dice que ninguna coalición irá contra su propia cantera electoral, en el corto plazo. Pero quizás, las decisiones que maximizan un resultado electoral, hipotecan la sostenibilidad en el mediano plazo.
La presión impositiva promedio en relación al PBI de los países de la OCDE para el último año disponible (2019) fue de 33,9%. En el mismo cálculo, en Argentina era de 28,8%, más o menos la misma que los demás países vecinos: Brasil 33,1%, Uruguay 29,2% y Bolivia 25,2%. Sólo Paraguay parecía una suerte de paraíso fiscal, con 14% del PBI. En Europa, hay claramente dos franjas de países: los escandinavos, con presión impositiva de entre 39,6% (Noruega) y 44,4% (Dinamarca), a los que se asemeja también Francia (45,9%) e Italia (41,9%); y el resto con incidencia fiscal del 35% en total. Y lo que se recibe a cambio muchas veces guarda relación con estos estándares.
En el caso argentino habrá que sumarle la presión impositiva local (gravámenes provinciales y tasas municipales) y otros derechos administrativos escondidos en la letra chica…. pero sobre todo el flagelo inflacionario. Se calcula que una inflación del 50% anual como la que se proyecta para este año, implica una recaudación implícita de 3% del PBI a cargo del Estado nacional que, en este caso no se coparticipa y es regresivo con respecto a los que menos ganan y tienen: afecta más al mercado informal. Para las empresas, las trabas y zancadillas legales para aplicar la actualización por inflación también les acarrea un castigo adicional.
Desde 2005 a 2020 el gasto público total creció en Argentina más de 15 puntos del PBI y allí está la razón de que la presión impositiva haya aumentado en ese lapso más rápido que la generación de recursos por parte de una economía que hace una década quedó estancada. Entre tantos desafíos, aquí hay uno adicional para la sostenibilidad del sistema: que la mayoría también acepte compartir los costos de sus preferencias políticas.
