El miedo siempre generó buenos negocios. Y la última novedad son las cámaras de seguridad que se colocan en las calles para vigilar a la gente, cada vez más temerosa de ser víctima de algún delito.
Este nuevo rubro de la vigilancia viene creciendo mucho en Argentina. Sobre todo desde marzo, cuando el Gobierno nacional anunció que instalará cinco mil cámaras en todo el país y que pagará unos 200 millones de pesos. La mayor parte de ese dinero se está girando al conurbano de Buenos Aires, que registra los índices más altos de delitos, y es a la vez un bastión electoral del oficialismo.
El problema es la manera que se elige para otorgar este negocio millonario. Algunos municipios bonaerenses lo entregaron a empresas privadas sin realizar licitación, lo que significa que no se cumplió con el mecanismo habitual de contrataciones y se eligió de manera directa a las compañías beneficiadas. En otros casos se hicieron licitaciones del tipo “llave en mano”, donde se adjudica todo el sistema dentro de un gran paquete y no se buscan los mejores precios por separado.
Esta situación está levantando una polémica que recién parece empezar. Un sector de la oposición critica estas metodologías y reclamó “mayor transparencia en los contratos”. PERFIL también consultó a tres empresas dedicadas a esta actividad, que defendieron las adjudicaciones y recordaron que son organizadas por el Estado. El único empresario que aceptó hablar de manera abierta fue Mario Montoto, que argumentó que la contratación se hizo de esa manera porque “había una emergencia de seguridad y era la forma más rápida” (ver recuadro). Una justificación similar brindan las municipalidades. Este diario se comunicó con el Ministerio de Seguridad provincial, pero al cierre de esta edición los voceros no habían respondido a ninguna pregunta.
Negocio redondo. La instalación de cámaras de vigilancia se convirtió en un negocio millonario en Argentina. PERFIL averiguó con las empresas consultadas sobre el mercado local, para indagar cuánto dinero le está costando al Estado.
Ya habría al menos unas quince firmas que se dedican o que están empezando a entrar en este negocio. Están colocando cámaras fijas y también se están apostando los llamados “domos”, que cuentan con más ventajas tecnológicas. Por ejemplo, se pueden mover mediante un control electrónico que tiene una capacidad de giro total: 360 grados en forma horizontal y 180 grados en vertical. Incluso tienen una función llamada “autotrack”, que permite seguir a las figuras que están en movimiento.
Las imágenes son transmitidas a través de una red que puede ser de fibra óptica o de enlaces aéreos. Y todo el circuito desemboca en una “sala de monitoreo”, donde se observan los videos en modernos televisores de plasma. Según datos brindados por las compañías, todo el sistema tiene un costo promedio de 10 mil dólares por cámara. Esto significa que si un municipio desea colocar apenas 25 cámaras, deberá gastar alrededor de un millón de pesos.
Pero estos sistemas de seguridad se convirtieron en un negocio todavía más redituable cuando el Gobierno nacional decidió gastar millones para instalarlos.
El 27 de marzo, la Casa Rosada anunció que iba a colocar cinco mil cámaras de vigilancia en todo el país y que para cumplir ese objetivo iba a desembolsar una jugosa cifra: 203 millones de pesos.
La idea es parte del llamado Plan de Seguridad Ciudadana, una iniciativa kirchnerista para bajar el delito, que fue lanzada poco después de una manifestación en Plaza de Mayo contra la inseguridad.
La presidenta Cristina Fernández hizo este anuncio en la residencia de Olivos, cuando faltaban sólo tres meses para las elecciones. ¿Dónde se iban a instalar esas cámaras de seguridad y quiénes iban a recibir esos fondos millonarios? El Gobierno informó que se firmarían acuerdos con provincias y municipios. Y en el mismo acto de lanzamiento adelantó que ya estaban incluidos unos treinta distritos del Conurbano bonaerense.
Polémica. Existe consenso sobre la necesidad de integrar los avances tecnológicos, como las cámaras, al combate contra el delito. La polémica gira en torno al sistema de adjudicación.
Varios municipios no hicieron licitaciones para colocar estos sistemas de videovigilancia. Es decir, no eligieron la oferta más conveniente y contrataron compañías de manera directa.
Dentro de ese grupo se encuentran municipalidades como las de Campana y Lomas de Zamora. Según los convenios que pactaron, la firma contratada debe financiar, mantener y operar la red de vigilancia. Pero también queda como propietaria de toda esa infraestructura y cobra un canon municipal todos los meses. La suma de dinero depende del tamaño de la red: el partido de Tigre, que cuenta con mas de 200 cámaras, abonaría más de 100 mil pesos mensuales.
Un empresario que se benefició con estos convenios directos es Mario Montoto, un ex dirigente de Montoneros que se recicló en hombre de negocios. Empezó en el año 2006 en la Ciudad de Buenos Aires con la empresa Codesur y luego siguió en territorio bonaerense con la firma Global View. “Esos acuerdos se hicieron porque los municipios necesitaban las cámaras de manera rápida, y hoy vemos que muchas licitaciones están avanzando a paso lento”, justifica.
Además, varios distritos están realizando licitaciones similares a la modalidad “llave en mano”. Esto significa que no se licitan por separado la cámaras, las redes, los monitores o demás equipos. Todo es incluido dentro de un gran paquete que se adjudica a una sola empresa. Esta forma de contratación suele aplicarse para acortar los tiempos, pero entraña el riesgo de no conseguir los mejores precios o productos para todos los ítems. Entre los distintos municipios que utilizaron este método se encuentran lugares como Zárate y Avellaneda.
Hay otras zonas donde el sistema de cámaras sí se está licitando por partes, como en Morón. “Es cierto que con esta modalidad no avanzamos de manera tan rápida, pero tendremos un total de 158 cámaras, toda la red queda en manos del Estado municipal y nos aseguramos de pagar el costo más conveniente”, asegura Diego Spina, de la Jefatura de Gabinete moronense.
Esta manera de ajudicar el negocio ya empezó a generar controversia y ya dispara críticas de la oposición.
“No caben dudas de que se tendrían que realizar los procedimientos de licitación normales”, dice Maricel Etchecoin, diputada provincial de la Coalición Cívica (CC). “Los contratos directos y los concursos ‘llave en mano’ no alcanzan para garantizar que el Estado elija la oferta más conveniente”, asegura la legisladora. “Debería existir mayor transparencia, porque estos métodos de contratación siempre generan sospechas sobre la relación que podría existir entre funcionarios y empresarios”, agrega.
“No hay excusas para que no se hayan llevado a cabo los procesos regulares de licitación”, se suma el diputado Carlos Raimundi, dirigente bonaerense del partido Solidaridad e Igualdad (SI). “Estos mecanismos son importantes para asegurarse de que se está eligiendo el mejor servicio y el mejor costo”, explica. “Y en el caso de que una emergencia obligue a contratar rápido, se pueden buscar caminos alternativos, como llamar a una licitación con plazos abreviados”, sugiere.
Este diario consultó a municipalidades que no realizaron licitaciones o que hicieron adjudicaciones “llave en mano”. En ambos casos, la explicación fue similar: “La inseguridad es un problema urgente y queremos instalar rápido las cámaras”.
PERFIL también se comunicó con el Ministerio de Seguridad bonaerense, para consultar por qué no realizaron una licitación provincial y si acordaban con la manera que los municipios están llevando a cabo las contrataciones. A pesar de insistentes llamados durante dos semanas, los voceros no respondieron ni una sola pregunta.
