La respuesta que la comunidad internacional necesita dar a los efectos deletéreos del cambio climático global, demanda la participación de todos los países. Esa colaboración debe darse en el contexto de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas reconocidas en la Declaración de Río de 1992 y establecida como principio, ese mismo año, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es un instrumento que tiene 197 Estados parte.
La equidad para llevar a la práctica esa participación en el esfuerzo, se debe determinar por la responsabilidad histórica de cada Estado en las emisiones que a partir de la revolución industrial aumentaron fuertemente la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, por el volumen de las emisiones actuales de esos gases en cada país considerando particularmente el volumen de emisiones por habitante, y por la capacidad de cada nación para encarar la respuesta conforme su capacidad tecnológica y financiera.
El peso de esa diferenciación sobre los países desarrollados fue unánimemente cuantificado en 1997 en el Protocolo de Kioto (PK), para ser aplicado entre 2008 y 2012. Estados Unidos aprobó y firmó ese acuerdo pero se negó a ratificarlo. Canadá fue parte del PK, pero en 2011 lo denunció. Ambos son los países desarrollados con las más altas emisiones por habitante. Abandonado el enfoque del PK y después de diez años de negociación, en diciembre de 2015 la comunidad internacional adoptó el Acuerdo de París que nuevamente se funda en el principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas que había sido consagrado en 1992, pero esta vez dejando explícitamente a cada gobierno la función de estimar el nivel de emisiones que alcanzará cumpliendo las políticas que quiera adoptar. Si esas responsabilidades se eludieran, cobrarían mayor fuerza las reiteradas reservas de derechos que han hecho varios países que consideran que han sido o pueden ser severamente perjudicados por los efectos negativos del cambio climático.
En marzo de 2001 el presidente George W. Bush anunció que Estados Unidos no ratificaría el PK que había firmado la administración que lo precedió. En diciembre de 2004, en la conferencia realizada en Buenos Aires, se inició el ejercicio para procurar que Washington se reintegrara al esfuerzo común. Con las limitaciones que se conocen, se creyó que esto se había alcanzado en diciembre de 2015 en París.
El presidente Donald Trump, al anunciar que Estados Unidos no implementará el Acuerdo de París a pesar de ser parte del mismo, y que tampoco cumplirá con la mitigación de emisiones anunciada por la anterior administración, no sorprendió, pero causó un impacto fuerte en la opinión pública nacional e internacional. No sorprendió porque la plataforma del Partido Republicano aprobada para las elecciones de 2015 niega la importancia del cambio climático y apoya el uso de combustibles fósiles. Además, durante su campaña electoral, como candidato reiteró su negativa a reconocer el fenómeno. Pocos días antes de su anuncio, del 1º de junio, había ratificado su posición en la reunión anual del G7.
El presidente Trump fundamentó su decisión en los perjuicios que la aplicación del Acuerdo de París produciría a la economía de su país, aunque esta afirmación no tuvo respaldo unánime de las fuerzas vivas. Además, se refirió a las emisiones de China y la India, sin considerar la magnitud de sus respectivas poblaciones que hacen incomparables las tasas de emisiones per cápita, lo que es relevante con respecto a la responsabilidad.
El fuerte impacto de esta decisión en la opinión pública se evidenció en declaraciones de líderes políticos y científicos de todo el mundo que tuvieron amplia publicidad. Dentro de los Estados Unidos se produjo también una respuesta significativa de la que participan gobernadores, autoridades locales e importantes sectores de la vida empresaria.
La declaración del 1º de junio incluye el propósito de denunciar el Acuerdo de París, lo que de acuerdo con el art. 28 de ese instrumento sólo podría hacerse después del 5 de octubre de 2019. Pero no menciona la posibilidad de denunciar la Convención del 92, lo que es posible y acarrearía la desvinculación del Acuerdo de París. También anuncia la intención de negociar el regreso a un acuerdo sobre la misma materia. Sin embargo, no está claro que estos dos puntos signifiquen un reconocimiento del fenómeno del cambio climático que antes había negado.
El Acuerdo de París está abierto para todas los Estados parte de la Convención de 1992. Los gobiernos que se incorporen no contraen nuevos compromisos en adición a los que ya tienen por la Convención, salvo la obligación procesal de presentar cada cinco años una estimación de sus propias emisiones futuras. Estados Unidos condicionó su adhesión a los resultados de la negociación a que se adoptara un texto que, precisamente por no contener nuevas obligaciones, pudiera ser ratificado sin necesidad del consentimiento de su Senado de mayoría republicana.
Esto ha quedado claramente explicado en el artículo de Todd Stern, jefe de la delegación norteamericana que negoció en nombre de la administración demócrata.
Ante los anuncios de la decisión que tomaría Trump, Stern hizo público que la delegación de los Estados Unidos negoció cuidadosamente la estructura del Acuerdo de París, de modo que cada país determine su propio programa climático y ninguno pueda ser forzado a adoptar medidas con las que no se sienta confortable. La Convención ya contenía para todos los países el compromiso de informar sobre las políticas y medidas adoptadas para mitigar. Los gobiernos deben, asimismo, informar los inventarios de sus emisiones.
El anuncio del 1º de junio incluye la suspensión de las contribuciones al Fondo Verde del Clima creado para apoyar las acciones de mitigación de los países en desarrollo, pero en realidad en virtud del artículo 11 de la Convención de 1992 está funcionando el Fondo para el Medio Ambiente Global (conocido como GEF por sus siglas en inglés) acerca del cual no se hizo ninguna referencia.
Es posible que los efectos más negativos para el esfuerzo colectivo orientado a mitigar el cambio climático sean las decisiones de la nueva administración norteamericana que dejaron sin efecto las políticas y medidas de mitigación adoptadas por la anterior administración, y las restricciones presupuestarias a las actividades de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) y a los programas científicos dedicados a la observación y la investigación sobre el clima. La ausencia de políticas y medidas de mitigación inevitablemente aumentará las emisiones de Estados Unidos y las restricciones en los programas científicos reducirán la capacidad de aumentar los conocimientos de todas las naciones.
*Presidente de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente.
