A lo largo de la historia institucional argentina, nunca había ocurrido que el vicepresidente fuese llamado a una declaración indagatoria por un juez. El Gobierno sintió el golpe. Ese fue el origen de la reunión que en la semana que pasó encabezó la Presidenta y de la que participaron Amado Boudou, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini. Como lo escribió Ignacio Ortelli en Clarín el jueves, allí Cristina Fernández de Kirchner le ordenó al vicepresidente que saliera a defenderse, orden que Boudou cumplió a rajatabla.
Por eso dedicó todo el día jueves a descalificar tanto al magistrado como a los periodistas que han venido informando con exactitud la evolución de una causa que lo complica cada día más. En relación con Ariel Lijo –el juez del caso–, el vicepresidente apeló a la provocación, con la ilusa intención de generar una reacción que sirviera para dar curso a una nueva maniobra orientada a lograr su apartamiento de la causa. Recurrió para ello a la descalificación personal. Así, dejó al descubierto su falta de respeto no sólo a la persona del magistrado sino también a su investidura. El vicepresidente debería saber que los jueces forman parte de los poderes de la República. Es lo que señala la Constitución que Boudou juró cumplir y hacer cumplir. Creyó que defenderse era hacer eso. Una vez más, se equivocó.
Hasta aquí, la estrategia defensiva del vice ha sido decididamente mala. Los abogados que contrató son profesionales vinculados a la SIDE que piensan que esta causa se arregla mediante pedidos de nulidades, recusaciones y carpetazos. Entre otras cosas, deberían comenzar por revisar la sintaxis y la ortografía de sus escritos. Les salió mal, y ahora el que tiene el problema no es sólo Boudou sino también el Gobierno.
Esa fue la razón por la que la Presidenta ordenó atacar al juez, orden cuya publicación generó tanta furia en la Casa Rosada. Esto dio pie a la furibunda agresión contra los colegas Omar Lavieri y Ortelli. A éste le pidió revelar sus fuentes. La ley protege expresamente el secreto de las fuentes periodísticas, dato –como tantos otros– que el vicepresidente demostró desconocer.
En estas horas de conturbación, no le vendría mal leer un poco sobre el caso Watergate, a lo largo del cual el presidente Richard Nixon se la pasó cuestionando a Bob Woodward y Carl Bernstein, los entonces bisoños cronistas de The Washington Post que llevaron adelante esa investigación periodística que hizo historia. Parte de los cuestionamientos apuntaban a su famosa fuente, conocida con el nombre “Garganta Profunda”, quien, como él mismo reveló 31 años después, resultó ser William Mark Felt, número dos del FBI. Después de esa lectura, tal vez Boudou comprenda que quienes filtran la información son personas con nombre y apellido con las que quizás esté hablando en este momento. A su vez, terminará dándose cuenta de cuán pocos son los que aún le prodigan algún afecto dentro del Gobierno.
Las presiones sobre el juez no han terminado aquí. Habrá mucho show mañana. Alrededor de esto en el oficialismo se está trabajando intensamente en estas horas. El asunto de la televisación de la indagatoria es parte de esa estrategia sin destino. El artículo 295 del Código Procesal Penal es muy claro: “A la declaración del imputado sólo podrán asistir su defensor y el ministerio fiscal. El imputado será informado de este derecho antes de comenzar con su declaración”.
Es entendible que la Presidenta se sienta afectada por la complicada situación judicial de Boudou. Su designación fue un acto inconsulto de exclusiva responsabilidad de la jefa de Estado.
La reacción desde la Asociación de Magistrados en defensa del juez Lijo fue uno de los hechos importantes sucedidos en la semana. La manipulación de la Justicia por parte del kirchnerismo ha sido una constante de la así llamada “década ganada”. Ha tratado de hacerlo de todas las maneras posibles, algunas más sutiles y otras más burdas. La reforma judicial que fracasó fue la intentona más osada. A pesar de ese fiasco, el oficialismo ha redoblado la apuesta. Esta es una característica que está en su génesis. Ahora se busca copar el Poder Judicial con una miríada de conjueces de abierta afinidad K. Se lo hace sin disimulo y con un único objetivo: asegurar la impunidad de muchos funcionarios que, cuando se encuentren en el llano, deberán dedicar horas a responder las demandas judiciales que se les incoarán en los tribunales de Comodoro Py.
La fortaleza de Lijo ha sacudido al poder. Y ello desespera al Gobierno. Teme que este caso actúe a la manera de una bisagra y que, en consecuencia, a partir de ahora otros magistrados y fiscales probos se animen a profundizar las investigaciones en causas de corrupción que perturban al Gobierno. Por ello, para el kirchnerismo el perfil de juez ideal es el de alguien como Norberto Oyarbide. Es decir, un magistrado con tantos agujeros negros en sus conductas públicas y su desempeño que es fácil de presionar para cualquier oficialismo.
En el turbulento devenir de la vida institucional argentina, los vicepresidentes han sido sujetos de mil y una situaciones controversiales que complicaron a los gobiernos a los que pertenecieron. El actual no escapa a esta regla. Sin embargo, nunca se dio el caso de un vicepresidente llamado a declaración indagatoria bajo sospecha de haber cometido actos ilícitos que pesan sobre él. Ese –y no otro– será el lugar que la historia le asignará a Boudou, un hombre ambicioso que escaló rápido los peldaños del poder, y cuyo presente judicial lo ha dejado sin futuro político.
Producción periodística: Guido Baistrocchi.
