Lo que ocurrió durante la noche del 6 de diciembre en la Cámara de Diputados de la Nación no puede ser definido de otra manera que como una vergonzosa caricatura de una clase política totalmente electoralista que pone como finalidad de su actividad la suma de votos y no el progreso de un país que intenta salir del pozo en el que nos sumergieron, paradójicamente, muchos de los que hoy hacen hasta lo imposible por impedir el éxito de la actual gestión porque, claro está, muchas veces el bienestar nacional está contrapuesto con sus intereses políticos.
Por supuesto que el proyecto de Cambiemos al respecto implicaba un enorme esfuerzo por parte de todos ya que significaría un costo de $ 27 mil millones para las arcas del Estado, pero ya estaba previsto en el Presupuesto, con lo cual, habiendo tenido toda la prudencia imprescindible para tan importante reforma, se tomaron los recaudos para que la baja en la enorme presión fiscal que hemos heredado continúe de la misma manera que en el último año, con proyectos tales como el de disminución del IVA, la eliminación de retenciones, subiendo ya el piso de Ganancias –entre otras– pero siempre teniendo presente un imperante equilibrio que no debe ser dejado de lado, ya que no se puede desconocer que en la Argentina hay un 30% de pobreza, de la cual no podemos olvidarnos jamás.
A diferencia de nuestro proyecto, el que se aprobó en la Cámara baja genera un costo insostenible de $ 80 mil millones, triplicando el que con tanta mesura y estudio previo habíamos propuesto. Por un lado, cabe recordar que esta merma en los ingresos públicos no será sólo en perjuicio del Estado nacional sino que también lo será en enorme medida para las mismísimas provincias, puesto que reciben el 64% de la masa coparticipable bruta, y muchas de ellas, debido a las enormes dificultades en sus presupuestos, tuvieron que hacer todo lo que estuviera a su alcance para lograr pagar los salarios de sus empleados este año, a lo cual de repente se suma esta increíble reforma que quita miles de millones a sus cuentas públicas.
Lo que han hecho no sólo implica una mochila imposible de cargar para todo el pueblo argentino, dejando al borde de lo incumplible tareas esenciales del Estado en momentos de reestructuración económica, sino que además se presentan importantísimas incongruencias dentro del cuerpo que ya cuenta con media sanción, tales como superposiciones de impuestos ya gravados en otros niveles, duplicación de otros, resucitación de algunos que habían sido derogados hace tiempo, y hasta hace un explícito boicot al régimen de blanqueo que con tanto éxito se viene llevando a cabo, gravando a los que no se gravaría. A su vez, se reimplanta el impuesto a los dividendos, eliminado hace sólo meses, y se plantean enormes aumentos a los sectores productivos, lo cual, sumado a las nuevas retenciones a la minería quitadas a comienzo de año, generará una enorme incertidumbre en aquellos encargados de crear el tan ansiado empleo que el país precisa para sacar a tantos millones de la pobreza.
Detrás de la enorme impericia de este proyecto, que no aprueba los más mínimos análisis técnicos en cuanto a su impacto económico ni jurídico, se oculta un monstruo que parecía estar en retirada pero que reaparece con toda su fuerza: el populismo, que busca adueñarse nuevamente del mapa político del país sin importar las consecuencias que deje a su paso. Todavía hay tiempo de desterrarlo,
pero somos nosotros los responsables de hacer que sea nuevamente la responsabilidad y no el oportunismo lo que conduzca los destinos de la República Argentina. Ante esto, creo que el resultado será claro y que los gobernadores defenderán sus arcas públicas.
*Senadora nacional por Córdoba. Presidenta del Bloque Frente PRO del Senado.
