COLUMNISTAS
Saqueos

Un ojo puesto en La Matanza

default
default | Cedoc
Si fuese menos incierto, el resultado del trance por Ganancias permitiría al Gobierno calcular con mayor precisión el saldo arrojado por este episodio para extraer enseñanzas aplicables a otras áreas que, mientras tanto, siguen en línea con ese espíritu sin dudas disruptivo con el que concibe la política: sorpresiva para extraños pero preocupante ya para varios propios a partir de esta semana.

Seguridad podría ser un paradigma. Junto con economía y desarrollo social, es de las áreas más sensibles en una época crucial para la Argentina desde  2001.
Patricia Bullrich cumplió el 14 de diciembre con lo que había adelantado. Denunció ante el juez federal Julián Ercolini a quienes agitan en las redes sociales la intranquilidad de supuestos levantamientos violentos para cubrir necesidades desatendidas, en apariencia, por el Estado.  
    
Particularmente en regiones del Conurbano, donde su acción es ineficaz para diluir un caldo de cultivo que tiene al narcotráfico por ingrediente indispensable. Pobreza extrema, desempleo y acceso vedado a la educación y la salud, combinados con las históricas limitaciones estructurales que contribuyen a la deficitaria prestación de las fuerzas de seguridad, hacen de esas zonas territorios literalmente liberados: tierra fértil para saqueos.

 Geografía inhóspita por naturaleza, lo es más  para quienes desconocen sus pliegues. Bullrich y su par bonaerense, Cristian Ritondo, convocaron el día 12 a los intendentes de la primera y la tercera sección electoral para configurar un mapa eventual. Julio Pereyra aseguró que no están dadas las condiciones para un estallido. Gobierna hace casi treinta años Florencio Varela, uno de los bolsones de pobreza en la Provincia.

Otros fueron más sutiles para deslindar responsabilidades y dejárselas al oficialismo. “Hay más probabilidades de puebladas por una suspensión prolongada en la provisión de energía eléctrica que por falta de alimentos”, exageró. El presidente Mauricio Macri blanqueó cortes de luz este verano. Un cambio en la reglamentación de la Ley de Defensa habilitaría al Ejército a custodiar centrales termoeléctricas y nucleares para destinar más gendarmes al GBA.

Carlos Orsingher no dijo palabra. El secretario de Seguridad de La Matanza concurrió para representar a la intendente Verónica Magario. Informes de inteligencia y de punteros políticos atribuyen a un grupo de barrios de ese distrito la posibilidad aislada de incidentes. La dimensión se explica por la demografía. En Esperanza, Estación Villegas, Puerta de Hierro y El Tambo vive un quinto del total de más de dos millones de matanceros.

A El Tambo se lo asocia con Luis D’Elía, disconforme con que la Federación Tierra y Vivienda no fuese incluida en el acuerdo con el Gobierno por 30 mil millones de pesos suscripto por el resto del arco piquetero: Movimiento Evita, Barrios de Pie y Corriente Clasista y Combativa. Fronteras adentro de La Matanza, D’Elía funciona como aliado de Magario y Espinoza, acérrimos opositores a María Eugenia Vidal.

 Orsingher compensa la reconocida falta de expertise en seguridad con la condición de brote en un árbol genealógico valorado en el peronismo de Magario y Espinoza. Es sobrino de Víctor, extinto dirigente de Laferrere que traicionó a Alberto Pierri el mismo día de la elección interna en la que fue vencido por Alberto Balestrini a fines del siglo XX.

Más que la previsible inacción del municipio para promover ese antagonismo, inquieta en esos ámbitos lo que estiman como pasividad oficial. En estricta reserva, Seguridad apela a la semántica para marcar diferencias con ese tipo de interpretación. “Descartamos protestas con reclamos sociales. No las de grupos políticos para sembrar temor”. A esta altura exiguo, será el tiempo el que determine si se trata de un acierto.

*Analista político.