Imaginemos un país ideal sin déficit ni inflación, con un gobierno democrático elegido en elecciones limpias, empleados públicos honestos y licitaciones pulcras. Un país que paga jubilaciones razonablemente dignas, protege de la competencia externa a sus empresas, da estabilidad en el empleo a los empleados públicos y demanda condiciones laborales que satisfacen a los más exigentes sindicatos. Este país fomenta la cultura y los deportes, brinda servicios de razonable calidad a los que subsidia. Logra todos estos objetivos sin corrupción, y los impuestos –y el gasto porque no hay déficit– representan aproximadamente la mitad del PBI del país.
¿Le gustaría vivir en ese país? A mí no. Está condenado a desaparecer, a tener un PBI en constante caída. Explico por qué: un 50% de gasto público es equivalente a que todo lo que se produzca en el país se divida por mitades entre sector privado y público. La empresa y las familias deben satisfacer sus propias necesidades más las del Estado a través de los impuestos. ¿En qué momento el empresario decide dejar de producir y pasar a ser empleado público? ¿Quién generará entonces rentabilidad para poder pagar los impuestos? Si los impuestos no son sobre rentabilidad sino sobre sueldos, consumo o –simplemente– por tener una casa o auto, entonces el Estado está cobrando dos veces: al generar ingresos y al gastar o guardar lo que se generó en el pasado.
Asimismo, el Estado por definición brinda servicios por los que no tiene rentabilidad: si la tuviera, esos mismos servicios puede brindarlos el sector privado sin problemas. Y además falta ver quién decide qué servicios y dónde. En ese país, ¿quién decide dónde se hace un nuevo estadio? ¿Quién cuánto se paga a un buen administrador, estrella de cine, persona con o sin experiencia, o empleado desganado? ¿Quién decide qué tareas hacer? ¿Quién tiene incentivo para mejorar y requerir trámites más ágiles? ¿Cómo se reasignan las funciones de los ascensoristas de un edificio, las maestras de latín o una zona inundada? En el sector privado queda claro que las personas deben cambiar sus funciones cuando cambian las necesidades o la oferta tecnológica. En un país con estabilidad laboral del empleado púbico, ¿cómo se logra esa motivación a mejorar? Si con selección y entrenamiento se pudiera concretar, entonces los mejores irían al sector público y el privado quedaría sin grandes mentes.
Si alguien trabaja en el Estado, tiene recursos que puede utilizar sin riesgos. Pero el privado corre riesgos, si fracasa pierde su empleo o capital. Claro, en este país tiene la protección contra la competencia del exterior. Pero entonces, ¿por qué habría de mejorar constantemente? Y así, sin innovación, sin competencia del exterior, sin incentivos para arriesgar ni modificar la estructura de producción, con decisiones realizadas por alguien en el Estado y no individualmente, la estructura económica se esclerosa, nadie prefiere producir. En cambio optan por tener el sueldo del Estado y no aceptan pagar impuestos sobre la rentabilidad, si total también tendrán que pagarlo sobre lo que consuman. Con 50% del PBI pagado en impuestos no se puede acumular capital, incorporar tecnología, adquirir know-how, ni pensar en el futuro contratando jóvenes para capacitarlos aunque no produzcan todavía.
Argentina y este país ideal tienen en común la carga impositiva. Entre Nación, provincias y municipios gastan aproximadamente la mitad de la producción total del país.
En resumen: este país parece ideal porque así nos los cuentan los políticos, grandes beneficiarios de este sistema. Tanta protección, tanta carga fiscal sólo impiden producir. Y, tal vez, que nos alejemos cada vez más del país que describí y haya incentivos para una economía negra, para que los profesionales emigren, para licitaciones amañadas, para servicios de pésima calidad, para subsidios quién sabe a quién.
*Economista. Ucema.
¿Un país ideal?
