El 6 de agosto de 1886, Rubén Darío publicó en La Epoca (Santiago de Chile) una declaración en favor del canal por Nicaragua en abierta contradicción con su repugnancia por la Doctrina Monroe. Allí discute las vías de conexión entre dos océanos (Tehuantepec, Panamá, Nicaragua), se pronuncia sin reservas por la vía a través de su patria y desacredita el proyecto panameño de Ferdinand de Lesseps, ya al borde del colapso: “El canal en Nicaragua ofrece especiales ventajas. Unos cuantos barretazos, y la puerta que divide los dos mares se abrirá de par en par”.
Darío identifica su sueño con el de Ovidio (“De dos mares aquí está la vasta puerta”) y lo pone bajo la tutela del Congreso norteamericano, al que apremia, despreocupándose de cualquier impulso anexionista (“Los yanquis no piensan de ese modo”).
El gran poeta transatlántico soñó con una vía de integración oceánica que se tocaba (sin que él lo advirtiera) con sus fatigadas chinoiseries, que hoy pierden, ante nuestros ojos (en Argentina, en Ecuador, en Nicaragua, donde el populismo gobernante se lleva bien con el unipartidismo chino), el valor meramente decorativo que alguna vez tuvieron.
En 2013, el gobierno de Nicaragua promulgó la “Ley especial para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense atingente al canal, zonas de libre comercio e infraestructuras asociadas” (Ley 840), que fue denunciada como violatoria de al menos cuarenta artículos de la Constitución nicaragüense.
La ley cede a la concesionaria de la obra –la empresa, sin antecedentes en la materia, HK Nicaragua Canal Development Investment Co (HKNC, creada en Hong Kong por el abogado Wang Jing y con una subsidiaria en las islas Caimán)– derechos exclusivos para diseñar, construir y operar un canal durante cien años, con “privilegios, exoneraciones, exenciones” especiales y el derecho de “determinar las propiedades que deberán ser confiscadas” mediante trámites expeditos. La ley, además, obliga al Banco Central de Nicaragua a colocar sus reservas internacionales como garantía frente a posibles demandas de la empresa extranjera.
Los “barretazos” previstos por Darío costarán 40 mil millones de dólares: la obra de infraestructura más ambiciosa en la historia de América Latina (el canal nicaragüense admitirá incluso barcos de mayor calado que el centenario Canal de Panamá).
Tanto el gobierno de Costa Rica como las autoridades indígenas y afrodescendientes de la Región Autónoma Atlántico Sur de Nicaragua (afectada por el canal) manifestaron su profunda preocupación sobre la ruta del Canal Interoceánico anunciada el pasado 7 de julio, que viola la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT suscriptos y ratificados por Nicaragua. Pasare lo que pasare (nadie puede olvidarse de las advertencias del presidente uruguayo, “ésos sí que son jodidos”), propongo un nombre para esa vía navegable: Canal Rubén Darío.
