Después del incendio en una “estancia provisional” para migrantes, dependiente del Instituto Nacional de Migraciones de México, y en el que murieron al menos 39 personas, el presidente de ese país reaccionó culpando a quienes se encontraban detenidos allí. “Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados”, sostuvo Andrés Manuel López Obrador. El mandatario continuó diciendo que, aunque no estaban seguros de la cantidad ni de los nombres, ni de las nacionalidades de estas personas, sí podía afirmar que ellas habían iniciado el incendio “y no imaginaron que esto iba a causar esa terrible desgracia”.
Pero lo cierto es que lo que sucedió el 27 de marzo en Ciudad Juárez, que aún es materia de investigación, poco tiene que ver con la desgracia o la mala suerte. Detrás están cuestiones como el propio sistema, que encontró por ahora a ocho culpables individuales, la mayoría de ellos guardias de seguridad y funcionarios de migraciones.
En México existen al menos 40 centros como este, que si bien se llaman de “estancia provisoria” son más parecidos a un centro de detención para migrantes –que tanta crítica despertaron en la era de Trump– que a un lugar de resguardo mientras se espera la regularización migratoria o la deportación.
De hecho, los 68 hombres que se encontraban en la celda el día del incendio estaban encerrados bajo llave, como pudo verse en un video en el que los guardias no atinaron a abrir las puertas para que pudieran salvarse. En otra celda estaban “alojados” mujeres y niños.
La ley de migraciones mexicana establece que el “alojamiento en las estaciones migratorias” no podrá exceder los 15 días, salvo en casos excepcionales, como que no exista información fehaciente de la identidad o nacionalidad de las personas, ante la incapacidad de deportación o la interposición de un recurso administrativo o judicial por parte de la persona migrante para quedarse en territorio mexicano.
Desde hace algunos años, diferentes ONG han denunciado que esto no se cumple, no solamente por los plazos –ya que en muchos casos superan los 60 días–, sino también por las condiciones del lugar y las múltiples violaciones a los derechos humanos. Se investiga, en este caso particular, si las víctimas no estaban padeciendo de hambre y sed.
En los últimos dos años se incrementaron exponencialmente las detenciones a migrantes en México, que pasaron de las más de 220 mil a las 444 mil, de 2021 a 2022. Esta es una realidad que tiene que ver con otras políticas, y no únicamente con el endurecimiento de la respuesta mexicana.
El título 42, que Trump revivió con la pandemia, permite a los Estados Unidos expulsar de manera exprés a una persona ante el peligro de una crisis sanitaria. La pandemia terminó, pero la norma no fue desmantelada por Biden, que se topó con la oposición de la Corte Suprema.
El gobierno de López Obrador, que llegó al poder en 2018, no solamente aceptó esta norma, sino que también otras propuestas vigentes hasta el año pasado, como el conocido programa “Quédate en México”, por el cual los solicitantes de asilo debían esperar la respuesta a su solicitud en territorio mexicano.
Mientras tanto, el presidente creó, en 2019, la Guardia Nacional, encargada entre otras cosas de cooperar en una política migratoria que tiende cada vez más y, como sucede en otros países del mundo, a enfocarse en la seguridad de las fronteras y no en la migración como derecho.
México es parte del pacto mundial para una migración ordenada, segura y regular. Allí, los Estados se comprometieron a garantizar los derechos de las personas “independientemente de su condición migratoria”.
Los países de origen de estas personas también tienen su cuota de responsabilidad. La mayoría de las víctimas del incendio, tanto muertos como heridos, eran provenientes de El Salvador, que lleva más de un año con un régimen de excepción que se prorroga desde los primeros treinta días; de Guatemala, que un comunicado remarcó que estas son “las consecuencias de la migración irregular”; y de Venezuela, país del que más de siete millones huyeron en los últimos años.
Hasta ahora, los ocho acusados de la trágica situación que se vivió en Ciudad Juárez, y que tiene antecedentes recientes en casos como el de Texas, en el que más de 50 migrantes murieron de calor y por falta de hidratación, parecen ser los únicos responsables. Nadie habla de los verdaderos asuntos de fondo: las sistemáticas políticas de expulsión, el endurecimiento de las posturas gubernamentales respecto de la migración y la externalización de las fronteras, con México como ejemplo en América Latina y Turquía en Europa, ambos países que “contienen” a los migrantes para que no lleguen a destino.
Migrar es un derecho que los Estados deben garantizar. Pero también el no migrar de manera forzosa debería serlo, cosa que a menudo se olvida.
