COLUMNISTAS
Cuando el Estado hace como que interviene

Una cuenta, un iPhone, una vacuna

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Mercados de acero. Un informe del Estado pone la mira sobre Acindar. | cedoc

Lo más encumbrado del establishment se está vacunando en el exterior. Sin fotos. Sin tuits. Sin comentarlo mucho tampoco. Como la información sanitaria de las personas es reservada, nadie lo tiene que comunicar. Unos lo hacen con la naturalidad con la que siempre acceden a los bienes que acá no están disponibles para el común de los mortales, algo así como cuando se compran el último iPhone y lo traen al país de los Samsungs y Motorolas. Otros lo decidieron luego de enterarse de que un histórico banquero la pasó mal 15 días internado. Pero la mayoría en general lo ve como una decisión “racional” y “todo por derecha”: gastar entre 3 y 5 mil dólares para sentirse a salvo de la pandemia que atormenta al mundo hace más de un año.

Ante un escenario en el que el propio Gobierno confirma que no van a conseguirse las dosis que se esperaban para cuando llegue el frío y con la ansiedad y el temor que genera una inminente segunda ola que ya desborda a los países limítrofes, en el círculo rojo viajan en jet privado o vuelo de línea mayormente a los Estados Unidos, aunque también a Europa, para inmunizarse contra el covid-19 y así volver a esperar la que venga en mejores condiciones.

“Se están vacunando todos”, resume un financista que sacó turno y ya se dio la primera dosis en las afueras de Nueva Jersey. “Los que son mayores de 60 y tienen forma de demostrar que tienen domicilio allá se vacunaron”, cuenta otro dueño de bancos y empresas de seguros que también se inmunizó. “Además, los empresarios mayores de 80 que conozco se vacunaron, porque con esa edad no tienen que presentar nada”, explica.

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Es el Alcoyana-Alcoyana de los privilegios. Los que han invertido en blanco, o aunque sea en gris, en propiedades en Miami o en una cuenta en Nueva York para huir de la mala política económica que suele golpear los ahorros de los argentinos de cabotaje ahora tienen –gracias a esos bienes– un puente directo para recibir las vacunas de Pfizer o Moderna, que acá no existen y que sí fluyen a full en un país zarpado en ritmo de aplicación.

La administración de Joe Biden metió 100 millones de vacunados en menos de sesenta días. “Por eso, incluso si no tenés ni bienes ni nada, te acercás a un vacunatorio y al final del día te aplican alguna de las vacunas que no se usaron y que –para que no se desperdicien– se las ponen hasta a los inmigrantes ilegales”, resume otro habitué de Florida, que uno no se imaginaría cartoneando dosis en el país del Norte. “En definitiva, ayudamos a que sea menos gente la que tiene que vacunar el Estado”, remarca un ejecutivo que teme que lo señalen porque puede –por su nivel de vida– conseguir la inmunización que otros no.

Tribulaciones de ricos. Además de la vacuna, el aporte solidario de la riqueza es el otro gran tema en la cabeza de los dueños del capital en la Argentina por estos días. Porque, inoculados o no, para fines de marzo tienen que decidir si presentan la declaración jurada sobre la que tendrán que hacer el pago extra fijado el año pasado por el Congreso para paliar la pandemia. Hay 1.250 contribuyentes que están siendo fiscalizados con lupa porque no presentaron su declaración de bienes personales de 2019 y la AFIP cree que lo hicieron para zafar del aporte. Luego, los alcanzados deben elegir si pagan todo el importe o si adelantan un 20% y entran en el plan de cuotas mensuales con interés que les ofreció la AFIP. O por último, deberán resolver si no toman ninguno de esos caminos y abren un frente judicial. “Por  ahora hay pocos litigando”, dicen fuentes oficiales.

Como sea, las tribulaciones de los ricos dan para una novela: meditan en Uruguay, lo hablan con el psicólogo, lo discuten en la familia o lo trabajan con los abogados que les meten ficha con el fantasma de que no se trate de un cobro tan “por única vez”.

Concentración de acero. Lo cierto es que esas son las prioridades de los empresarios en el transcurrir de 2021, y no en cambio lo que los sellos de goma del lobby corporativo quisieron presentar como una avanzada del kirchnerismo sobre las compañías por pedirles información de costos para monitorear precios en la cadena de producción.

Como mucho, en las firmas lo consideran más burocracia y una vuelta a un papeleo que ya vivieron en otros momentos, pero no más que eso. Como si advirtieran que se trata más que nada de gestos que algunas áreas de la coalición de gobierno hacen para la propia tribuna interna que los trata de blandos que creen que la inflación es solo un tema de la macroeconomía.

De hecho, el Gobierno cuenta con un montón de datos actualizados sobre la concentración en mercados claves y no solo no los usa, sino que hace como que no existieran al punto que el senador oficialista Oscar Parilli se golpea el pecho porque incluyó en la reforma del sistema de Defensa de la Competencia la creación de una “secretaría de investigaciones de mercado” cuando, basta entrar a este link: https://bit.ly/3vK5vXJ, para encontrar estudios sobre posiciones dominantes en medicamentos, supermercados, carnes, yerba, aceites y acero, solo por nombrar algunos rubros muy relevantes.

Un ejemplo del humo de la intervención que emana por estos días se ve en cómo el Estado encaró el problema del faltante en la entrega de materiales para la construcción que hace que sea, por ejemplo, imposible comprar 250 gramos de clavos en las ferreterías del Gran Buenos Aires. Desde la secretaría de Comercio Interior se abrieron expedientes de oficio sobre una serie de empresas que proveen a los corralones. Sin embargo, no se dijo nada hasta el momento respecto de cómo está jugando el gigante acerero Acindar, cuando la filial del conglomerado indio ArcelorMittal es señalada por los comerciantes como quien no les entrega mercadería clave.

Lo loco es que basta ir a la Disposición 76 de 2018 de la Comisión de Defensa de la Competencia para entender todo. En este trabajo que está acá: https://bit.ly/3f19OYz, sobre el mercado del acero no plano, se concluyó que Acindar concentra dos terceras parte del mercado, que no tiene presión de competencia importada y que además tiene desarrollado desde 2005 un sistema de “acuerdos de exclusividad” con distribuidores por donde vende el 65% de su producción que son una invitación al abuso. “La injerencia de Acindar en los precios de los distribuidores exclusivos limita la competencia en precios e incentiva a los distribuidores a mantener los precios altos”, dice el trabajo, que advierte sobre el impacto de esta práctica en el “interés económico general”. Durante el gobierno de Mauricio Macri la advertencia no generó ninguna respuesta. Por ahora, en la gestión de Alberto Fernández tampoco.