No hay pruebas –aún–, pero sí fuertes indicios para apoyar la hipótesis del encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, cuyo cadáver acaba de aparecer en el río Chubut, 79 días después de haber desaparecido y de que el gobierno argentino defendiera en forma constante y cerrada el accionar –como mínimo sospechoso– de la Gendarmería, a cargo de la represión de la protesta de la que participó Maldonado. La represión de Gendarmería hace de este caso un caso de desaparición forzada. Existen indicios en favor de la hipótesis del encubrimiento. El más fuerte de todos es el rechazo del gobierno argentino, luego de dos meses de una desaparición tras la represión de una protesta por fuerzas de seguridad nacionales, dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación, a que viniese a colaborar al país nada menos que una misión de expertos de la ONU. Ese rechazo injustificado de parte del Gobierno a recibir ayuda de un órgano reconocido internacionalmente y cuya imparcialidad no está en duda es un indicio fuerte que apoya la hipótesis del encubrimiento, hipótesis que deberá ser investigada por la Justicia. Tal rechazo es un indicio de “politización” y utilización del caso por parte del propio Gobierno, que al negarse a recibir ayuda de un organismo internacional externo y experto se negó a poner el caso en una esfera legítima e imparcial, no manchada por especulaciones locales.
El ministro Garavano había acordado, en un gesto que lo honra, tal colaboración con la familia de Maldonado, luego rechazada por el jefe de Gabinete de Macri, Marcos Peña. La Justicia deberá investigar qué pasó en el medio de ese camino y el porqué de ese rechazo del Gobierno a la colaboración de la ONU.
Por otro lado, el jefe de Gabinete de Bullrich estuvo en el Sur momentos antes de (coordinando) la represión de la protesta por parte de Gendarmería. Este es otro hecho que debería ser investigado para evaluar la responsabilidad eventual del Gobierno en el encubrimiento del accionar de sus subordinados, incluyendo la Gendarmería.
El paradigma anterior, en materia de seguridad, era “garantista”, es decir, buscaba no reprimir las protestas. El actual es un nuevo modelo. Y el jefe de Gabinete de Bullrich fue en persona al sur a “bajar línea” a Gendarmería (momentos antes de la represión en Esquel) sobre el nuevo “modo” de encarar estas protestas: aumentando la represión. Este es el resultado de un “exceso” de las fuerzas, que aplicaban, en esa protesta, un nuevo “modelo” represivo: el modelo antigarantista, replicado y defendido –en contra del modelo “permisivo” anterior, incapaz, en palabras de Bullrich, de poner orden– por el gobierno actual. Luego de la desaparición de Maldonado, la ministra defendió, sin fisuras, en modo temerario, con espíritu de cuerpo, el accionar de esa fuerza. No separó a ningún gendarme, pese a las contradicciones en las versiones brindadas. Tampoco se contactó durante más de un mes con la familia de Maldonado, a la que en un comienzo buscó estigmatizar.
La desaparición forzada de Maldonado es un hecho de enorme trascendencia institucional y política. El posterior encubrimiento de parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también, ya que durante más de un mes se limitó a reproducir las versiones encontradas de la propia fuerza sospechada, Gendarmería, fuerza que se contradijo y brindó versiones no siempre claras sobre lo ocurrido en el Sur, incluyendo gendarmes que reconocieron, tiempo más tarde, haber lanzado piedrazos por la espalda a los manifestantes que cruzaban el río.
A la desaparición forzada de Maldonado se sumó otro hecho, en apariencia menor, pero que es de extrema gravedad: el traslado de una persona detenida por fuerzas de seguridad en un vehículo sin patente. La Justicia de Jujuy no puede trasladar personas por la fuerza en autos sin identificación. Esto viola todas las leyes nacionales y los tratados internacionales en materia de debido proceso y derechos humanos. Estamos traspasando una delgada línea, la que separa un Estado de derecho de un gobierno que avasalla –por acción o por omisión– las garantías constitucionales básicas. El Gobierno haría bien en no rehusar el diálogo y la colaboración constructiva con organismos legítimos y expertos como la ONU y la OEA.
*OEA, Conicet. CELS.
