El gobierno argentino acaba de anunciar un proyecto de baja de la edad de imputabilidad penal que ha levantado polvareda tanto en diferentes grupos políticos del oficialismo y la oposición como en organismos no gubernamentales internacionales y nacionales.
La discusión no es nueva ni original de Argentina, sino que despierta la discusión en el derecho penal internacional y divide aguas en diferentes países.
El incremento del delito y de la inseguridad registrado en el país durante los 14 años ininterrumpidos de gobiernos del PJ a nivel nacional ( 21/12/01 al 10/12/15) y las casi tres décadas de gobiernos del mismo signo en la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de las provincias argentinas, ofrece un cuadro desolador al que hay que agregar la pésima situación del sistema carcelario, que viola decididamente normas expresas de la Constitución Nacional vigentes desde el origen de nuestra organización:
“Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice” (última cláusula del art. 18 de la C.N). Disposición incumplida cada vez con más gravedad y que debe ser prioritaria a la hora de plantear una reforma penal.
La inseguridad que afecta a toda la población y daña derechos humanos esenciales como la vida y la integridad física, es un flagelo social que debe asumirse por las autoridades del Gobierno, pero estimo que el camino elegido no es el más apropiado para abordar un tema de alta complejidad jurídica y fáctica.
Si bien el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, ha expresado la necesidad de una discusión con amplios sectores, no deja de sorprender que se haya elegido el tema de la baja de la edad de imputabilidad como centro del anunciado proyecto, ya que el tema despierta polémicas porque confronta derechos humanos de diferentes sectores de la población y no ha probado su eficacia para bajar los índices de delincuencia y mejorar la calidad de vida de la población.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) indicó la necesidad de rediscutir el régimen penal de menores, pero se pronunció contra la baja de la edad de imputabilidad pues lo considera "un paso atrás" en lo que refiere a protección de los derechos de los niños y jóvenes, contrario a los estándares internacionales aplicados en la materia.
"La normativa vigente (ley 22.278) es incompatible con los derechos de los niños. Se trata de una ley elaborada durante la dictadura, de corte tutorial, que es necesario modificar", dijo a Télam la oficial nacional de Protección y Acceso a la Justicia de Unicef, María Angeles Misuraca, aunque dejó clara su postura contraria a la baja de la edad de imputabilidad.
El mismo debate se plantea hoy en Uruguay, donde a diferencia de Argentina la baja es perseguida por sectores de la oposición al gobierno del Frente Amplio. En un artículo publicado en el diario El País, el ex presidente del Partido Nacional (Blanco) Luis Lacalle Herrera expresa que hay dos campos que están nítidamente diferenciados respecto de esta iniciativa. En contra de la misma se ubican el Frente Amplio, el Dr. Jorge Larrañaga (dirigente del Partido Nacional de un sector diferente al de Lacalle), el Partido Independiente, el Pit-Cnt (central gremial), la Facultad de Derecho y a favor, el Partido Colorado, el sector del Partido Nacional que lidera el hijo del ex presidente Luis Lacalle Pou, y la Comision de Víctimas de la Violencia.
Elaborar un plan que disminuya el delito y convierta la inseguridad en una patología en vez de un estado, es un imperativo de la época. El fenómeno debe ser abordado desde diversas e integradas cuestiones: la prevención, la educación, la modificación radical del sistema carcelario, los planes de reinserción social, el castigo severo y ejemplificador de quienes delinquen desde el poder público y económico, una reforma judicial que acelere los procesos respetando el derecho de legítima defensa.
La baja de la edad de la imputabilidad no es un instrumento idóneo para integrar un plan integral y la adhesión que despierta en sectores de la población afectadas por el delito, no puede ser la motivación de su propuesta. El respeto de las normas constitucionales y de los pactos internacionales ratificados por Argentina en la materia debe guiar el conjunto de acciones necesarias para combatir la inseguridad, que viola y pone en peligro el ejercicio de los derechos humanos de toda la población.
*Profesor de Derecho Constitucional.
Una medida en debate
