El último 25 de Mayo mi sobrino de tres años pidió a toda la familia reunida en torno al mate y los pastelitos que levantáramos por turnos la mano si éramos del Rojo, Boca o River. Así, se fueron formando subgrupos de manos moviéndose en el aire hasta que dijo: “Levanten la mano los que son de Argentina”, y todos levantamos simultáneamente las manos ante su sonrisa alegre. En tiempos de la “grieta”, y antes también, repetir el ejercicio con medidas económicas es más complicado que el “Boca o River”. Sin embargo, que la Argentina tenga asignación universal a la niñez y que, de aprobarse el proyecto del Ejecutivo, vaya a tener pensión universal a la vejez, nos debería hacer levantar la mano a todos, con orgullo.
La Asignación Universal por Hijo (AUH), uno de los principales logros del gobierno anterior, ha sido ampliada por el actual gobierno mediante la inclusión de los hijos de los monotrobutistas (en torno a 500 mil chicos), logrando prácticamente la universalización de la asignación.
Sumándose a la AUH, la Pensión Universal para el Adulto Mayor, propuesta por el Ejecutivo y en tratamiento en el Congreso, convertiría el ingreso de la tercera edad en un derecho. La informalidad de la economía y del mercado laboral genera que los niveles de cobertura a través del régimen contributivo sean acotados. Así, se perpetúa la desigualdad de la vida activa en los adultos mayores dado que en los sectores de menores recursos la informalidad laboral es mayor y los ingresos laborales, menores.
Además, la contribución al sistema previsional también tiene un componente de género dada la desigualdad en el mercado laboral, que junto a la mayor esperanza de vida de las mujeres (en Argentina es 79,8 años vs. 72,5 de los hombres en base a Naciones Unidas) genera períodos más largos con menores pensiones, aumentando la probabilidad de pobreza entre las mujeres en edad jubilatoria.
Es por ello que desde hace algunos años el papel de las pensiones no contributivas (sociales) está aumentando en Latinoamérica y el Caribe, representando una herramienta fundamental para el bienestar de los adultos mayores. Según el “Panorama de las pensiones: América Latina y el Caribe” (OCDE, BID y Banco Mundial, 2015), los beneficiarios de la pensión social en Argentina representan sólo el 1,8% de la población de 65 años o más, la más baja proporción de la región y muy por debajo del 91% de Bolivia y del 83% de Chile, por ejemplo. El 1,8% incluye sólo a los beneficiarios de la pensión no contributiva a la vejez, establecida en 2003, otorgada a los adultos de más de 70 años que acrediten no tener bienes, ingresos o recursos que pudieran permitirles subsistir.
Cabe destacar que ese porcentaje no incluye a los beneficiarios incluidos por las moratorias previsionales de la Ley 24.476 y la Ley 26.970, por no tratarse de pensiones no contributivas ya que, mediante la moratoria, dichos beneficiarios “compraron” años de aporte. Las moratorias previsionales incluyeron alrededor de 3 millones de beneficiarios, llevando la tasa de cobertura previsional por encima del 90%. Sin embargo, dichas moratorias estaban acotadas en el tiempo y no otorgaban un derecho universal, al tiempo que, por la logística de su tramitación, ciertos adultos mayores de escasos recursos no cuentan con el beneficio o pagaron elevadas sumas a gestores para acceder al mismo. Además, en caso de no lanzar nuevas medidas especiales como las moratorias, la cobertura comenzaría a bajar nuevamente.
En base al proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional el 31 de mayo último, todas las personas de 65 años o más que formalicen la solicitud de la pensión manteniendo la residencia en el país, siendo argentinos con una residencia legal mínima de 10 años anteriores a la solicitud o extranjeros con residencia legal mínima de 20 años de los cuales 10 deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud del beneficio, no siendo beneficiarios de jubilación, pensión o retiro, planes sociales o seguro de desempleo, podrán acceder al beneficio previsional. La Pensión Universal para el Adulto Mayor consistirá en una prestación mensual del 80% del haber mínimo jubilatorio, garantizándose así su actualización mediante la Ley de Movilidad Jubilatoria. Adicionalmente, los titulares de la Pensión Universal tendrán derecho a la cobertura médica que otorga el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
De aprobarse este proyecto, Argentina contaría con un sistema de atención social con foco tanto en los niños como en los adultos mayores de amplio alcance. Sin embargo, también deberán aumentar los esfuerzos en la formalización de la economía. En lo que respecta al sistema previsional, esto permitirá ampliar la contribución de la gente a los fondos de su pensión logrando que el sistema sea más equitativo y a la vez sustentable, principalmente por el riesgo fiscal que el envejecimiento de la población genera.
Por último, que todos alentemos por Argentina no evita el debate en la sobremesa sobre qué jugadores deben integrar la selección nacional, por ejemplo. Lo mismo sucede con las asignaciones universales a la niñez y vejez, debemos celebrarlas todos, pero esto no implica que no se deban debatir detalles sobre su implementación y alcance. No sólo por el contexto de apremiante déficit fiscal, sino principalmente porque dado el esfuerzo fiscal que representan para todos los contribuyentes se debe garantizar el más eficiente uso de los recursos.
En el caso de la AUH, queda aún pendiente una evaluación integral sobre su impacto, principalmente del componente condicional (vacunación y asistencia escolar). Las transferencias monetarias han aumentado significativamente su cobertura en América Latina con probados impactos positivos; sin embargo, el estudio específico de éstos en diferentes contextos permite diseñar mejor estos programas. Por ejemplo, en Colombia, donde el componente condicional incluye, además de certificados de vacunación en los chicos menores a 7 años, la asistencia obligatoria a cursos de nutrición e higiene por parte de las madres, se estimó un incremento del peso al nacer de 400 gramos y aumento en la altura de los niños. Argentina no cuenta con una evaluación oficial del impacto de la AUH que permita evaluar su diseño.
En síntesis, levantemos todos la mano orgullosos por ser un país que contará con cobertura universal a la niñez y a la vejez, pero no dejemos de debatir cómo es la mejor manera para que esos esfuerzos contribuyan al real bienestar de esos niños y adultos mayores, con el foco en la educación como pilar económico y social.
*Empiria Consultores.
