Cuando la inflación pasa de ser una dolencia a una enfermedad crónica, la búsqueda de la causa se agudiza. La caza de brujas no cesa. En ese punto las explicaciones de las distintas escuelas económicas se mezclan con las urgencias del caso. Tradicionalmente, se ha intentado encasillar a los procesos de subas de precios generalizadas en las impulsadas por la presión de los costos, de la demanda o en la motorizada por el desborde monetario. Pero en todas ellas, el crecimiento de la oferta de dinero termina como el último eslabón en la polea inflacionaria.
En este campo, la autoridad monetaria podría tener algo que decir pero eligió el camino de la funcionalidad “al modelo”. En el artículo 3º de la Carta Orgánica no deja dudas: “Es misión primaria y fundamental del BCRA preservar el valor de la moneda”.
En los papeles, su actual presidente, Martín Redrado, cumple su función. En la realidad, y fiel a su historia de funcionario flexible, sintoniza perfecto con las grandes líneas de la política económica. Se introdujo una innovación de facto en esta normativa. El camino al pleno empleo y la defensa de una paridad cambiaria diferente a la de mercado terminaron borrando con el codo lo que se dispuso con la mano. Si la estabilidad de precios fuera una prioridad, el organismo debería funcionar como un perro guardián dejando sin oxígeno a las innumerables iniciativas para emparchar los huecos que la misma política abre en su afán por corregir los anteriores. Un auténtico espiral de subsidios cruzados que van enredando la economía en una madeja tal que va logrando contra la advertencia desde Puerto Madero del ministro de Economía ad hoc.
Es probable que el mismísimo modelo de gestión K, macerado en años de administración en el confín del país, lejos de la lupa de los ahora odiados “constructores del relato”, se haya basado en pocas cabezas, mucha disciplina y ningún cuestionamiento. Pocos elaboran, algunos ejecutan, el resto obedece.
Trasladado al ámbito nacional, el ruido es inevitable. La recuperación económica fue solucionando inconvenientes y postergando otros. Incorporar otras visiones y cambiar de paradigmas en las decisiones es una tarea imposible para hombres unidimensionales. La conclusión es contundente: las fallas se corrigen con más de lo mismo. Los subsidios generan más subsidios para que las brechas creadas entre oferta y demanda sigan alimentando los mercados.
En pleno fragor de la batalla con el campo, se descubrió la pólvora. Para diferenciar a pequeños de grandes productores surgió la idea de las compensaciones, y de paso intentar romper el frente interno de las entidades ruralistas. Pero la teoría no es la praxis y los chacareros no quieren oír del tema. Su experiencia con los formularios, con un ONCAA ahora en línea con el sector duro del Gobierno, con las zonas grises de las resoluciones y la inoperancia atribuida a todo ente burocrático, hace que todo les suene a pedaleo.
Acá si. En el rápido avance hacia la “argentinización” de Aerolíneas, en una carrera contra el tiempo antes que los oportunos conflictos gremiales la hagan no operativa, también se destrabó la deserción de empresarios que debían oficiar de inversores con la fórmula mágica: subsidios. Al menos es lo que públicamente reclamó el factótum de Buquebus, Carlos López Mena, para tomar el timón de la empresa. A diferencia de otras industrias, la navegación aérea es campo propicio para estos acuerdos con el Estado.
El encarecimiento de los costos, especialmente el de los seguros y combustibles y la tecnología, hizo que la cantidad de oferentes mundiales resulte excesiva. Una mayor concentración es lo que se viene y cualquier esfuerzo por evitar pasar de compañías de bandera a conglomerados regionales deberá contabilizarse en efectivo. Podrá pagarlo el usuario, con tarifas más altas, como sucedería con AA, o el fisco, ayudando con una baja de impuestos a la actividad y facilitando la nafta JP1 más barata, seguramente con la buena voluntad de YPF, otra empresa argentinizada y en manos amigas. ¿Cuánto costará que los aviones salgan puntualmente y los pasajeros sean tratados como clientes?
Cruzados. Durante 2007, el Gobierno nacional gastó $ 14.626,20 millones en subsidios, 125% más que en 2006. Del total, el sector energético demandó el 57%. Por ejemplo, Cammesa, que administra el mercado eléctrico mayorista, recibió el 30% utilizado para comprar fuel-oil y paliar la escasez de gas para generación; la Secretaría de Transporte, un 29% para los colectivos y los ferrocarriles suburbanos y de carga. Las compensaciones (antes de la crisis) sumaron $ 1.180 millones, 12,7% del total, que deberían multiplicarse por dos o tres a causa de los nuevos precios internacionales (entre un 20 y un 40% más altos que el promedio de 2007) y los nuevos conejos sacados de la galera por los negociadores oficiales.
Quizá percibiendo la dinámica de la crisis mostrada por estos problemas, aparecieron rumores de feriados cambiarios, corralitos de segunda generación y nuevos bonos. La macro no da fundamento a estos corrillos, pero la marca de 2001 es tan fuerte que el temor es una poderosa razón que la razón no entiende.
