A un año del diluvio que inundó la ciudad, la naturaleza se encargó a su modo de recordarle a la sociedad que la brecha que separa un problema potencial de un desastre es una asignatura pendiente de toda la Nación: la ausencia de políticas de gestión del riesgo natural. Esta vez fueron algunas provincias las que se llevaron la peor parte. Aún así lo que preservó a Buenos Aires de un mal mayor se mide en milímetros de distancia, y de precipitaciones. Los expertos evalúan que como consecuencia del cambio climático lo peor llegó para quedarse. La nueva legitimidad científica que normaliza lo hasta ahora considerado extraordinario, desactiva la excusa predilecta de las autoridades para la inacción.
Hay una marcada ambigüedad en el discurso ambiental del macrismo, por un lado se despega de posiciones del urbanismo conservador y ocupa un espacio original que el kirchnerismo dejó vacante asignando recursos para beneficiar el desplazamiento de las mayorías: el metrobus, las bicisendas y las peatonalizaciones reflejan una mirada de ciudad donde lo privado se subordina a lo público, cuestionando el paradigma del auto por su ratio ineficiente de uso de espacio por pasajero causante de embotellamientos y contaminación. Pero por otro lado invisibiliza el conflicto social por el uso del suelo, evidenciado en su rol de facilitador del negocio inmobiliario que con su festival de torres no sólo mediatiza el acceso a la vivienda de sectores medios y bajos, sino que compromete la capacidad de escurrimiento de la Ciudad, en desmedro de un ordenamiento urbano más saludable en términos de espacios verdes reguladores del ciclo del agua, por metros construidos. El pasado 2 de abril las bombas de drenaje que extrajeron el agua de los pisos bajos del shopping Dot ahogaron literalmente al barrio Mitre. Sus habitantes de escasos recursos, se llevaron la peor parte. A falta de crédito y políticas de vivienda no tienen otro modo de llegada a la tierra que la ocupación de zonas intersticiales: las más anegables y sin servicios. No sólo es un tema de limitación conceptual, el Gobierno de la Ciudad hace aguas –metafórica y literalmente– en lo que esgrime como su grito sagrado o su raison d’être para el que la ideología es un distractor de eficiencia gestiva, y la ingeniería basta y sobra para la solución de cualquier problema. Al día de hoy, nadie sabe si vive en trampas de agua porque el mapa de riesgo encargado a una consultora privada, nunca se hizo público. No existe un plan de contingencia que instruya a la gente sobre cómo actuar en caso de un probable evento similar.
El concepto de subsidio por inundaciones –más que cuestionado– ha sido reemplazado por seguros en los países desarrollados por considerarse un paliativo, tendiente a diluir la responsabilidad del Estado por la infraestructura y las consecuencias de sus fallas. Aún así, muchos no accedieron a los subsidios, ni hubo campañas para explicar cómo. Las obras promovidas de un modo rimbombante para el Vera no bastan hasta que no se mida el desfasaje entre los niveles históricos de precipitaciones y la capacidad de drenaje del sistema, severamente comprometida por el boom inmobiliario, y por la basura que éste y el consumo suntuario generan. Como hecho positivo se destaca que hay concejales trabajando con vecinos para la introducción de leyes en la Legislatura que dictaminan la obligatoriedad de la construcción de terrazas verdes y tanques de contención que compensen por la pérdida en el procesamiento natural del agua previo a la estructura edificada. Lo prioritario ahora es que el Gobierno avance urgente, en clave asamblearia con la clase política y las organizaciones vecinales con claras y estrictas regulaciones de uso del suelo, de otro modo será el mercado el que siga decidiendo y seguramente, como hasta ahora, lo hará mal.
*Profesor y Licenciado en Geografía de la Universidad de Buenos Aires. Magíster en Urban Affairs UNY.
