Dos lecturas simplistas y opuestas, a las que lamentablemente nos vamos acostumbrando desde hace un tiempo, puede tener por estas horas la decisión del juez Claudio Bonadio de detener a Ricardo Jaime.
Una. Que es una medida promovida por el Gobierno, en campaña electoral, como forma de mostrar que no hay impunidad y que la corrupción paga. Con ello buscaría atacar uno de los caballitos de batalla más efectivo de los opositores.
Dos. Que es una iniciativa judicial que busca golpear al oficialismo, como parte de la respuesta por la frustrada ofensiva que intentó el Ejecutivo y que promete nuevos capítulos.
La realidad es más compleja y ofrece no pocos matices.
Está claro que a nadie se le ocurriría analizar el hecho desde la mirada del accionar independiente de la justicia. Podría ser tildado, como mínimo, de naif. Y está claro que esto impacta en el Gobierno, un actor central, omnipresente en la agenda a pesar del desgaste de una década.
Para aquellos que ven en esto un ataque por la espalda a la gestión K, habría que recordarles que el juez federal Bonadio está muy ligado al peronismo y al poder, lo que le permite sobrevivir en Comodoro Py desde los menemistas años 90, cuando fue nombrado juez. También, que dicho magistrado le hizo no pocos favores a la actual administración, lo que llevó al kirchnerismo a paralizar las denuncias contra Bonadio en el Consejo de la Magistratura.
Para los que ven la mano del Gobierno como impulsor de la detención, tendrían que detenerse un segundo en los riesgos de semejante movida. Jaime no es solo un funcionario más sospechado de corrupción. El ex secretario de Transporte es el emblema de una construcción absolutamente irregular donde se mezclaban funcionarios, empresarios y dinero, mucho dinero del Estado, con acceso directo a Néstor Kirchner. Si Jaime hablara, otra que Lázaro Báez: impactaría en el Gobierno como un tsunami devastador, sin necesidad de Lanatas, Fariñas o Elaskares.
Igual, como siempre, hay curiosidades. Bonadio ahora descubre los vínculos de Jaime con agentes gubernamentales actuales. O le niega el pedido de no ir detenido pese a que el delito es excarcelable.
Acaso se puedan explicar estas casualidades, además, como parte de que las PASO de dentro de un mes avizoran un mal momento para el Gobierno. De confirmarse esa tendencia en octubre, se consagraría el comienzo del final de un ciclo. Eso no sólo se huele en la política y en la economía, sino también en la justicia. Sobre todo en ciertos juzgados federales siempre listos a la hora de perdurar como sobrevivientes.
