La de las catorce toneladas de piedras arrojadas contra el Congreso Nacional en ocasión de una marcha de protesta del año 2017 podría ser apenas una más entre las tantas y tantas mentiras que se echan a correr, proliferan, se amplifican aún más gracias a las nuevas tecnologías y al final generalmente quedan (quedan por aquello de que “algo queda”).
Pero tal vez quepa considerar que en este caso específico hay algo en particular que indagar. Porque aquel montón de piedras no fue arrojado contra el Congreso, ni contra los legisladores, ni contra la democracia, ni contra la república; sino contra la policía. Contra la policía que, de manera por demás patente, se aprestaba a reprimir y que luego efectivamente reprimió, brutalmente como suele, aunque esa vez con especial enjundia (la enjundia de cuando saben que hay vía libre).
Es decir que para establecer, tal como se dice y se repite, que las piedras fueron arrojadas al Congreso, es preciso pasar por alto ni más ni menos que a la policía: la policía y sus carros hidrantes, sus balas de goma, sus motos pisadoras, sus caballos desdomados, sus gases y sus palos. Es preciso desapercibir, dejar de ver, entrenarse para omitir lo ostensible. Es preciso invisibilizar la acción represiva de las fuerzas del Estado.
Este aspecto es medular y por eso esta mentira ofrece una arista singular entre las tantas que exitosamente circulan. Hay paladines del Estado mínimo que, en materia de violencia represiva, quieren siempre un Estado máximo. Porque saben que la versión de la libertad que profieren, pretendiendo que hay una sola, no funciona sin la máquina de represión estatal, ya que lleva la desigualdad y la injusticia hasta el límite de lo tolerable. Esa parte, por supuesto, la esconden. Al igual que con la policía en la plaza en aquella tarde infame, la suprimen sin más de la escena, hacen de cuenta de que no existe ni va a existir.
