En las semanas previas a las elecciones, la recomendación de Alfredo de Angelis a los dueños de campos para que junten a los empleados, los suban a las camionetas y les digan por quién y por qué hay que votar, mereció un repudio generalizado. Porque dicha recomendación respondía a la época en que los comicios constituían escenarios más propios para hacer gala de coraje, y favorecer a los poderosos, que ejemplos de ejercicio pacífico y constructivo de ciudadanía.
En efecto, cuando en 1912 en la Cámara de Diputados de la Nación se debatió el texto de la ley electoral Sáenz Peña, se denunció que en los partidos semidesiertos de la provincia de Buenos Aires, se registraban más votos que en los distritos urbanizados. El secreto de esta singular afluencia de votantes era el predominio local de la estancia ganadera en la que el patrón se aseguraba el voto de la peonada, y la recompensaba con vino y empanadas y vino… Y si bien la mala práctica no desapareció, lo que cambió gracias a la ley Sáenz Peña fue el peso del voto urbano en los comicios nacionales. Más tarde, para modificar ese estado de cosas, las fuerzas conservadoras echarían mano al llamado “fraude patriótico”, cuya negra fama contribuiría a desacreditarlas. Como el intento reformista del presidente Ortiz no pudo concretarse, fue Perón quien en 1946 convocó a los peones a “saltar tranqueras” para votarlo.
Esta invitación fue recordada por el diputado oficialista José María Díaz Bancalari en su réplica a De Angelis. El paso en falso del entrerriano mereció la repulsa de la dirigencia ruralista y favoreció a su rival en la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, dueño de una formación política más rigurosa. Estas críticas a viejos modelos autoritarios son una buena noticia.
La mala noticia es la denuncia que acaba de hacerse contra el intendente de Ingeniero Juárez, provincia de Formosa, que secuestró su documento de identidad a 2 mil aborígenes wichis de ese departamento. “Nos encierra el día de la elección, nos devuelve el documento con el voto y nos acompaña hasta la urna: siempre fue así, ésta es la primera vez que protestamos”, declaró una dirigente comunitaria.
El intendente acusado integra el Frente para la Victoria. En Formosa, el Partido Justicialista gobierna desde 1983. El actual gobernador, Gildo Insfrán, está en el cargo desde 1995 y gracias a una reforma constitucional se le permite la reelección indefinida. Sus planes, por ahora, llegarían hasta 2015.
Vale mencionar que la presidenta Cristina Kirchner, acompañó a Insfrán en el último acto de campaña. Es su candidato y desde el Gobierno nacional se le ha enviado la ayuda necesaria para encarar obras y aumentar el empleo público. Todo al mejor estilo de aquellos viejos conservadores. Y nadie parece escandalizado por esa mala práctica que afecta la dignidad de los descendientes de los pueblos originarios y seguramente a muchos otros formoseños.
La otra mala noticia es que el voto cautivo en la Argentina goza de buena salud, en especial en el Conurbano bonaerense donde los sufragios son decisivos para respaldar o destruir liderazgos nacionales. Si no se denuncia es por indiferencia o porque hacerlo implica el riesgo de perder los planes sociales o el empleo público, distribuidos personalmente. Ese estado de cosas se prolonga: el gobierno peronista en Buenos Aires lleva 22 años sin interrupciones. Sin alternancia y sin propuestas ni gestiones renovadoras, los problemas de arrastre se han agravado.
Estas elecciones del domingo 28 de junio, anticipadas para evitar que un posible deterioro de la economía incida en los resultados; convocadas sin ensayar reformas, como por ejemplo el del voto electrónico y con candidatos a legisladores encabezados por quienes ejercen altas funciones ejecutivas, no constituyen el mejor ejemplo de democracia republicana. Sin embargo, el cúmulo de abusos señalados y el temor de que se pongan en juego formas más o menos sofisticadas de fraude han tenido la virtud de revalorizar el papel del fiscal, sustentado en el interés de los ciudadanos por controlar el ejercicio del voto, según lo permite la ley. Los partidos tradicionales, las ONG, las entidades rurales y las Iglesias instan a los ciudadanos a ejercer ese control. Por eso, puede decirse que en estas elecciones se pone a prueba la vitalidad de la democracia. Si se logran elecciones limpias, gane quien gane, los argentinos habremos dado un paso adelante y dejado atrás las trampas que en 1910, como en 2009, empañan estas jornadas cívicas.
*Historiadora.
