Los números cerraron y, finalmente, el índice de inflación que todos los meses elabora el INDEC arrojó 0,9% para septiembre y un total de 7,5% con respecto a igual mes del año anterior. Casi precio de liquidación, convergente con el “deseo” oficial de llegar a la tasa de un dígito para todo el año. Tal meta, de no arruinarse en el último trimestre del año, daría por cumplida la tarea del secretario Guillermo Moreno, seguramente acreedor a un bonus político de misterioso alcance.
Los recelos que provocan tales guarismos en la población en general y en los analistas que cada tanto visitan el supermercado en particular, tienen que ver no con lo que los números dicen sino con lo que ocultan.
Esta semana, también se dio a conocer el informe sobre pobreza y distribución de ingresos. Para alivio de muchos de nuestros lectores que ganan la friolera de $ 862, para mantener a una familia tipo, ésa es ahora la poco glamourosa línea de pobreza. Si se trata de una sola persona (la quinta parte de los hogares porteños), la suerte sigue sonriendo: con $ 279 se elude el descenso, aunque usted, la factura del teléfono, las expensas, la cajera del súper y el plomero no lo crean...
Dificultades. En estadística, tomar promedios para mediciones universales trae sus inconvenientes. La población de los grandes centros urbanos agrupada por deciles de ingreso (el 10% que gana mensualmente un intervalo de dinero) muestra una diferencia alarmante: 31 veces entre el inferior ($ 54 promedio) y el superior ($ 1.695). La diferencia entre el anteúltimo estamento y el 1° también es sustantiva: 14 veces, y serían 19 si mediante una política de ingresos o un milagro, las personas que constituyen el decil más bajo migraran al segundo.
Muchas veces la realidad termina relativizando los esfuerzos dialécticos por mostrar las bondades de la política. En los últimos 5 años, la batalla contra la pobreza y la exclusión social fue el denominador común de cuánta medida polémica se adoptó: control de precios, prohibición de exportar, cuotas a las importaciones, aranceles diferenciales, subsidios al transporte ($200 millones más a trenes y aviones) y a las empresas públicas ($ 1.644 millones en 2007). Sin embargo, la pobreza se resiste a volver a los guarismos que cerca en la historia tuvo la Argentina, aún con medidores tan tolerantes como los que hoy emplean los organismos técnicos oficiales.
Quizá la clave sean las inversiones, pero éstas no son automáticas. El directivo de una empresa de consumo masivo reconoció: “Nos pueden invitar a no subir precios por los controles, y lo acatamos, total vendemos más. Los sueldos de convenio suben y nos cuestan más, pero hay margen. Pero no nos pueden obligar a invertir: allí es nuestro campo de libertad y en dónde necesitamos mucho más que retos y monsergas”.
Beatriz Nofal, en su flamante Agencia Nacional para el Desarrollo de Inversiones, deberá apelar a toda su creatividad para convencer a empresas extranjeras de que las tratarán mejor que a las que se han ido y a las locales de que los nubarrones energéticos no tienen sustento. O que todo se reduzca a satisfacer demandas como las del ex díscolo Alfredo Coto: crédito oficial a discreción.
Pero la realidad es más compleja y los gastos llegan cuando menos los esperan los planificadores oficiales, como la inminente adquisición de la novísima You Tube por Google (US$ 1.600 millones) o la joven irlandesa Ryanair, que se quedó nada menos que con la aerolínea oficial Air Lingus.