El juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni viene sosteniendo, en diversos seminarios y entrevistas periodísticas, su posición favorable a la inconstitucionalidad de la penalización de la tenencia de drogas en cantidades adecuadas para el consumo personal. Uno de sus argumentos es el mismo que hace tiempo está agitando el ahora jefe de Gabinete, Aníbal Fernández: no criminalizar al consumidor. Pero el ministro del máximo tribunal agrega, como fundamento, que la Constitución protege las acciones privadas de las personas. En ese sentido, distingue –por ahora– el consumo que se lleva a cabo en una casa, respecto del consumo que es ostentado en una plaza pública, por ejemplo.
La protección de las acciones privadas es un objetivo loable y el argumento podría haber sido válido, si la misma cláusula constitucional que el magistrado invoca no aclarara que se refiere a “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero”. Y, también, si el propio juez Zaffaroni –en su obra jurídica– no considerara inimputables a quienes cometen un delito mientras sufren alguna alteración transitoria de su conciencia, como la que provoca el alcohol o una intoxicación –¿por qué no los narcóticos?– aunque esa perturbación la cause el propio delincuente a sí mismo, con el objetivo específico de estimularse para matar, robar, violar o herir a otras personas.
La sociedad debería conocer la situación de impunidad que se generará, a partir del triunfo de esta posición, no sólo para el tráfico de estupefacientes, sino para delitos contra la vida y contra la integridad física y sexual.
La tenencia para consumo no será penalizada y el delito que se cometa mientras el autor esté drogado también podría llegar a quedar impune, a causa de estas teorías. ¿Cómo puede entonces hablarse de acciones privadas que no ofenden el orden público?
Por otro lado, llama la atención el interés de emitir, a toda costa y con urgencia, una sentencia contra la penalización de la tenencia de drogas para consumo.
En un reciente reportaje de Página/ 12, una periodista preguntó al juez Zaffaroni por qué la Corte cambió el caso sobre el cual iba a dictar un fallo de esas características, ya que primero tenía previsto decidir sobre la situación de dos jóvenes a quienes sorprendieron con cigarrillos de marihuana en el bolsillo y, después, el tribunal se dedicó a otro caso que involucraba a gente fumando en una casa.
El magistrado respondió que, como la ley establece una pena muy corta, casi todas las causas que llegan a la Corte están prescriptas. Entonces, tuvieron que demorar la sentencia hasta encontrar una causa que les permitiera decidir sobre el fondo de la cuestión.
Por tanto, está claro que, al menos para el entrevistado, el objetivo no era resolver un caso determinado que le había llegado, sino encontrar uno que le permitiera fijar una política que tenía de antemano.
Esta impresión se refuerza cada vez que el juez Zaffaroni deja trascender que no se irá a la actividad política sin antes dictar una sentencia que, de hecho, signifique la despenalización de la droga para consumo.
¿Cuál es el interés de decir “despenalizo la droga –en ciertas condiciones– y después, quizá, me voy a la política”?
Algo no muy diferente preguntó la periodista de Página/12: “Entonces ¿cuál es la necesidad de pronunciarse sobre el tema?” (ya que prácticamente no hay condenas). Y ahí, el juez Zaffaroni reveló el fondo de la cuestión: la necesidad de evitar la intervención policial –y habría que decir también judicial– en un ámbito privado; impedir allanamientos, secuestros de tóxicos e interrogatorios.
¿Cómo hará un juez para saber, de antemano, si en una casa hay 10 gramos de cocaína o una tonelada? ¿Esto no tendrá el efecto, de amedrentar a los jueces y a la Policía para investigar el tráfico de drogas? ¿Y qué ocurre con el tráfico “hormiga”?
Demasiadas dificultades para tanto apuro.
*Abogado y escritor.
