Los más de 8.000 millones de pesos que las jurisdicciones argentinas distribuyen, en promedio, entre las escuelas privadas del país en concepto de subsidios contienen las más inexplicables y variadas incoherencias e inequidades que se puedan concebir.
Las desigualdades denunciadas por agremiaciones, entidades y medios de comunicación van desde el reparto de millonarios subsidios a colegios privados que cobran altas cuotas, al relegamiento a instituciones educativas que albergan a alumnos de escasos recursos y prácticamente no reciben subvenciones.
La discusión por los cuestionados aportes del Estado a los colegios privados, que muchos sostienen está salpicada por "intereses económicos y políticos", comenzó tímidamente hace un par de años y sacó la cabeza en la provincia de Buenos Aires. Algunas agremiaciones docentes y de auxiliares objetaron reiteradamente durante el último ciclo lectivo que "las escuelas públicas bonaerenses atravesaban una situación por demás delicada que pone en serio riesgo la educación de millones de alumnos". En ese sentido, apuntaron a la "magnitud" de los subsidios que destina el gobierno bonaerense para el sostenimiento de la educación privada, incluidos muchos colegios donde los alumnos pagan cuotas que son por demás de onerosas.
Según cálculos periodísticos, "de enero a agosto de este año el Ejecutivo provincial destinó más de 1.896 millones de pesos, para pagar subsidios a colegios privados", en tanto que el presupuesto global de 2010 fue "de 2.548 millones de pesos". El director del área de Educación Privada de la cartera educativa bonaerense, Néstor Ribet, propició la apertura de una discusión sincera de los aportes del Estado y poner sobre la mesa las realidades y necesidades de cada colegio privado, para de ese modo "criterios más justos" en la distribución.
Mientras, las restantes jurisdicciones del país prácticamente no modificaron un solo ítem en las subvenciones en las últimas décadas. El magíster en Ciencias de la Educación, Axel Rivas, directivo del área educativa del Centro de Investigaciones en Políticas Públicas (CIPPEC), presentó recientemente un estudio elaborado en la provincia de Buenos Aires con "datos inéditos sobre la distribución de los aportes estatales a la educación de gestión privada".
Según esa información, en el territorio bonaerense asisten a la educación privada "el 28,3 por ciento de los alumnos del país y el 65 por ciento de los establecimientos recibe subsidios del Estado, los cuales representan el 13 por ciento del gasto educativo provincial". El trabajo agregó que en la provincia el 35 por ciento de los alumnos asiste al sector privado y el Estado destinó en 2010 unos 3.000 millones de pesos para subsidios de los salarios docentes, lo que cubre, con distintos porcentajes, al 73 por ciento de las escuelas del sector.
"Se constató que existen importantes incoherencias: escuelas con población de altos ingresos que reciben altos subsidios estatales y escuelas de gestión privada con alumnos muy pobres que no tienen casi aportes del Estado", señaló el informe de CIPPEC.
Entre las sugerencias que propuso el Centro de Investigaciones aparecen "quitar discrecionalidad política al otorgamiento de los subsidios, garantizar que los aportes se distribuyan con estricto criterio de justicia social, transparentar toda la información sobre las escuelas que reciben aportes, y establecer el carácter a término del subsidio, para mantener ese criterio de equidad en el tiempo".
"Estas propuestas enfrentan fuertes intereses instalados tanto en el ámbito político como económico", advirtieron quienes elaboraron el documento. Frente a las denuncias y las promesas oficiales de encarar la legitimidad del aporte del Estado a los colegios privados para pagar los sueldos de sus maestros -que está en vigencia en el país desde 1947-, muchos aguardan que finalmente desemboquen en un acuerdo para encarar una política transparente y equitativa para ese gravitante sector de la enseñanza.
(*) Agencia DYN
