Un presupuesto de 20 millones de pesos, de los cuales la mitad, según su director, se destinan a pagar los sueldos de 450 empleados. Una caída alarmante en la cantidad de visitas por día: de 3.000 personas promedio en la década del 90, cuando se inauguró el nuevo edificio de Las Heras y Austria, a los 350 usuarios en la actualidad –con una baja del 20 por ciento de afluencia sólo el último año. Unos 800 mil volúmenes en depósito, en comparación con los archivos de la Biblioteca Nacional de México –dos millones–, de Venezuela –dos millones y medio– o de Brasil –tres y medio–. Una plantilla de personal que, en un 75 por ciento, no cuenta con la especialización necesaria para desarrollar sus tareas específicas, y porcentajes de ausentismo que trepan hasta el 30 por ciento. Y, además, actualizaciones informáticas y edilicias pendientes, y un mapa heterogéneo de conflictos de poder que derivaron, el 27 de diciembre pasado, en la renuncia de Horacio Tarcus –historiador, archivista, especialista en organización documental– y hasta entonces subdirector, en franco enfrentamiento con su superior, el sociólogo y ensayista Horacio González. Fue este presente de la Biblioteca Nacional el que determinó que Tarcus escribiera una larga carta en la que expuso el estado de situación descripto más arriba, que generó la adhesión de un grupo de intelectuales (entre los que se cuentan Carlos Altamirano, María Teresa Gramuglio, Luis Alberto Romero, Hilda Sabato, Beatriz Sarlo, Oscar Terán y Hugo Vezzetti, entre muchos otros) y originó un álgido debate sobre las diversas, antagónicas, maneras de entender las funciones de la institución.
En una nota posterior, el 4 de este mes, Tarcus responsabilizó a González –quien cuenta con el aval del secretario de Cultura de la Nación, José Nun, y del presidente Néstor Kirchner– de la falta de respaldo a su gestión: sus objetivos, confesó, eran consolidar una política de transparencia, restablecer los vínculos con donantes y editores, visibilizar el patrimonio a través de la informatización de su acervo y acercarse nuevamente a lectores e investigadores. A lo que se habrían opuesto tanto González –por acción u omisión– como “algunos sectores acostumbrados a la rutina de no rendir ni pedir cuentas, de los que consideran que el sueldo del empleo público es un seguro básico que no obliga a contraprestación alguna, que manejan los recursos materiales y humanos como un quiosco”. ¿A quién se refería Tarcus? Según sus propias palabras, al “viejo sindicalismo burocrático y clientelista”, agrupado en torno de gremios como UPCN, ATE y SOEME, que “codirige la Biblioteca”, y al propio González, quien habría creado “una estructura de poder feudal” donde el gran ausente, paradójicamente, es el lector. En diálogo con PERFIL, Tarcus confesó que el año que duró su trabajo en la Biblioteca había agotado por completo sus energías, que considera concluida su tarea y no regresaría bajo ninguna circunstancia.
Por su parte, González contraatacó desde las páginas de Clarín y La Nación, acusando a Tarcus de “cultivar la injuria sin fundamentos y un mesianismo de cuño gerencial”. Y a pesar de que agregó que seguirá su tarea “serenamente y con creatividad”, no se ocupó de refutar la situación denunciada por Tarcus. A una semana del escándalo, que sigue tomando nuevas dimensiones, el secretario de Cultura aún no se ha pronunciado. Lo que no acaba de comprenderse, ya que no es poco lo que hay en juego: la propia definición de qué entiende el gobierno actual por cultura, y para qué sirve o debe servir una institución de vital importancia y amplia historia.
