El miedo a otro proyecto vacio

Para algunas es una puesta en escena, una nueva intención entre las decenas de intenciones que hubo en las últimas décadas. Para otras, una medida tomada a destiempo pero que hay que apoyar. Porque la causa lo vale, y porque ya lo sabemos: peor es nada. Para el Gobierno, en cambio, es el primer paso para erradicar la violencia en las canchas. La primera de una serie de piezas que debe empezar ya mismo y consolidarse en un mediano plazo. El tiempo, en rigor, será el que determine quién tenía razón.

Lo único cierto es que, luego de los episodios de las últimas semanas –el asesinato de Emanuel Balbo en el estadio Mario Kempes durante el clásico cordobés, la detención de 11 barras de Racing antes del partido con Atlético Tucumán y el apriete al plantel de Atlanta, por citar los más significativos–, el Gobierno activó, a través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, un nuevo protocolo para avanzar contra la violencia en el fútbol. Se trata de un reglamento que se destaca especialmente por cuatro puntos: le otorga al Estado la potestad de aplicar el derecho de admisión en las canchas (que antes estaba limitado sólo a los clubes); obliga a que los menores de 16 años vayan a ver partidos con un mayor responsable; estipula la confección de entradas nominadas, con el DNI del comprador, y propone realizar un relevamiento de las condiciones de seguridad en cada estadio.
“Siempre tengo esperanza. Pero también sé que los hechos aislados en prevención no sirven. Tiene que ser una medida conjunta. Y eso debe incluir a muchos de los dirigentes de la AFA y de los clubes, que son parte del problema, no de la solución”, dice Mónica Nizzardo, una de las creadoras de la Fundación Salvemos al Fútbol y referente ineludible en la lucha contra la violencia en las canchas.

La ex jefa de seguridad en Independiente, Florencia Arietto, ahora en las filas del Frente Renovador que encabeza Sergio Massa, describe este paquete de medidas como “una puesta en escena efectista”. Y explica: “Me parece raro que saquen estos decretos cuando en el Senado hay un proyecto para actualizar la ley De la Rúa”. La ley De la Rúa, como se conoció a la Ley 23.184, fue promulgada el 24 de junio de 1985 y establecía un régimen penal y contravencional contra actos de violencia en espectáculos deportivos. La había impulsado el senador radical, que 14 años después se convertiría en presidente.

Desde entonces, los distintos gobiernos formularon propuestas y presentaron proyectos, pero nunca pudieron frenar una violencia que año a año se tornó más compleja y que, desde 1922, suma 318 muertes.

Liliana Suárez sufrió esa historia de degradación en primera persona: en 1995, durante la Copa América de Uruguay, su hijo Daniel García fue asesinado por barras de Deportivo Morón y Tigre en Paysandú. Nadie fue condenado por ese hecho, que quedó impune. Ella, sin embargo, se encargó de seguir su lucha y creó la Fundación Favifa (Familiares de Víctimas en el Fútbol Argentino). “Ya no tengo confianza en nada. Existió el sistema Sabed (de datos biométricos) y fue una joda. El AFA Plus jamás se implementó. Y ahora sacan esto. Yo misma vi cómo la Policía detenía a personas por ‘portación de cara’ y hacía entrar a la barra por otro lado”, le cuenta Suárez a PERFIL.

En una de sus primeras acciones, con el propósito de entender el problema de cerca, el director de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, Guillermo Madero, se juntó con los familiares de las víctimas. Los escuchó y, ahora, aclara que entiende sus sospechas. “Sólo las acciones recuperan esa confianza”, remarca. Y agrega cuál es su misión: “Mi principal lucha es con la Justicia. Necesito que salgan por ley estos cambios porque así tienen más fuerza. Ahora tipificamos la figura de barra, y debemos apuntar a desfinanciar a estos grupos”. La señal más fuerte en ese sentido se emitió el jueves, cuando el Gobierno comunicó que 12 barras de Boca –entre ellos Mauro Martín y Rafael Di Zeo– no podrán ingresar a los estadios por dos años. “Hay que meter presos a todos los cabecillas de todos los clubes e invertir fuertemente en infraestructura”, pide Arietto. Madero responde: “Vamos a hacer un relevamiento integral y emitiremos una recomendación de clausura en aquellos estadios que no estén aptos. Nosotros no podemos clausurar, pero sí podemos sugerirlo”. Nizzardo valora el trabajo de Madero y se entusiasma con estos avances, pero mantiene la cautela. “Voy a seguir apoyando, aunque creo que el Gobierno va muy lento. Esta aceleración tuvo que ver con el muerto de Córdoba. Y me parece lamentable que tenga que haber un muerto para que eso ocurra”, asegura. Nizzardo, como todos los actores que se involucran en esta lucha, sabe que el tiempo, como siempre, pondrá las cosas en su lugar. Ahí, dicen, se darán cuenta de si estas medidas fueron medulares o si sólo fueron un anuncio que no cambió nada.