La posibilidad de un fallo en favor de los holdouts podría poner en riesgo futuras reestructuraciones de deuda y a Nueva York como plaza financiera, por lo que existen fuertes chances de que la Corte Suprema de los Estados Unidos tome la apelación de la Argentina contra los fondos buitre, según coincidieron abogados internacionales reunidos entre el jueves y ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Ese argumento –que también esgrime el Gobierno– forma parte de los fundamentos de las presentaciones de amicus curiae que empezaron a llegar ayer y terminarán de ingresar el lunes al máximo tribunal estadounidense. Los apoyos incluyen a otros Estados, como Brasil y México, y al grupo de bonistas (el Exchange Bondholder Group) que ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010, las partes involucradas como la caja de compensación de pagos de Estados Unidos y bancos de inversión, entre otros.
El profesor de derecho internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, Robert Howse, aseguró que el caso argentino tiene mucha relevancia entre los abogados, y hasta que la Argentina ha despertado “simpatías” en el mundo judicial ante el reclamo encabezado por el fondo buitre NML de Elliott Management. “La Corte puede sorprender, pero la sensación general es que tomará el caso”, explicó.
Del encuentro participó también el secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, Federico Thea, quien evitó pronunciarse sobre el devenir del juicio en Nueva York. El espacio, en tanto, sirvió para discutir nuevos resguardos en las reestructuraciones de deuda. Un letrado del estudio que defiende a la Argentina en el caso contra los buitres, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Andrés de la Cruz, tomó el ejemplo de Grecia, que incluyó en su canje de deuda una “cláusula de acción colectiva”, un elemento que sostiene que, por ejemplo, si un país logra que el 70% de los acreedores acepten la reestructuración, quienes no lo acepten no tienen derecho a reclamar, lo que elimina el riesgo holdout. Y justificó que la Argentina no incluyera ese elemento en sus prospectos de canje: el instrumento “no estaba disponible cuando Argentina declaró el default”.
El abogado se excusó de discutir cómo sigue el caso contra los holdouts y la orden inicial del juez Thomas Griesa de pagar US$ 1.300 millones en efectivo a los bonistas.
En tanto, los “amigos de la Corte” empezaron a llegar ayer y seguirán presentándose el lunes para sostener el pedido de apelación de la Argentina. Después de esa fecha, serán los buitres y holdouts demandantes quienes podrán hacer sus presentaciones. La Corte Suprema convocará a las partes a una audiencia el 21 de abril y definirá después, aunque no tiene plazo.
Además del apoyo francés, el ministro de Finanzas de México, Luis Videgaray, confirmó la presentación de un amicus curiae “para respaldar la posición argentina”. De la misma forma, trascendió que el asesor de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, Marco Aurelio García, le habría transmitido al ministro de Economía, Axel Kicillof, que su país respaldará oficialmente a la Argentina. Estados Unidos adelantó que no hará una presentación, pero si la Corte le pide su opinión, la administración Obama mantiene una posición a favor de la Argentina. Ayer, el banco de inversión Puente presentó también su amicus. “El Gobierno demostró y sigue demostrando su voluntad de pago de los compromisos”, sostuvo su CEO, Federico Tomasevich.
