El panorama que estamos atravesando, repleto de vaivenes diarios e incertidumbre, no nos debe hacer relativizar el hecho de que nuestro país, como casi ningún otro, no puede ser económica y socialmente sostenible si en el mediano y largo plazo no logra tener una balanza comercial de bienes y servicios más o menos superavitaria. Esto significa que las divisas provenientes de las exportaciones superen en magnitud a lo que debemos pagar al exterior por los bienes y servicios que importamos.
Es un hecho, por otro lado, que para que esto suceda nuestro país tiene que mejorar drásticamente su productividad y competitividad. Y para ello es clave lograr tasas de inversión mucho más altas que las actuales, fundamentalmente en los sectores productores de los bienes que se caracterizan como “transables”, que son aquellos que son objeto de exportación e importación. La inversión en estos sectores proviene notoriamente del sector privado, tanto locales como los extranjeros, siendo éstos últimos los que aportan lo que se conoce como la inversión extranjera directa.
Nuestro país no ha podido, desde hace ya muchos años, ser receptor de inversiones comparables con no sólo las que reciben aquellos países caracterizados como competitivos. Tampoco muestra buenos registros cuando comparamos nuestra tasa de inversión en las últimas décadas con
otros países de la región como Brasil, Chile, México o, en los últimos años Perú.
Para ser objeto de inversiones el país tiene que ser atractivo como potencial generador de beneficios y al mismo tiempo ser “confiable”. Y para ello
detentar cierta virtuosidad en ser visto como un “estado de derecho”.
Podemos preguntarnos cómo es posible que China, que no se caracteriza por serlo, recibe inversiones descomunalmente grandes. La respuesta es sencilla: nadie puede estar ausente, y por lo tanto vale la pena arriesgar capital, en mercados tan grandes. Pero nosotros no lo somos y por lo tanto debemos mostrar mayor virtuosidad.
Un país es considerado como un “estado de derecho” cuando:
1. Detenta límites al poder gubernamental.
2. Muestra ausencia de corrupción.
3. Un gobierno abierto.
4. Respeto a los derechos fundamentales.
5. Orden y seguridad.
6. Cumplimiento regulatorio.
7. Buena calidad en su justicia civil y penal.
Estos factores son medidos por instituciones a nivel internacional como el World Justice Project. El índice mide comparativamente la calidad del estado
de derecho en 113 países, midiendo los factores arriba indicados utilizando para ello 44 sub-factores; es considerado como el más competo en el
mundo.
¿Cuáles son los países que detentan un “buen” estado de derecho? Los diez que lideran el ranking son: Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Holanda, Alemania, Nueva Zelanda, Austria, Canadá y Gran Bretaña; todos ellos países competitivos y con un alto nivel de ingreso per cápita. Conclusión: como decimos corrientemente, detentar un buen estado de derecho “paga”.
Lamentablemente, nuestro país no se ha caracterizado por detentar un estado de derecho virtuoso. La buena noticia es que en este aspecto
claramente, y así lo recepta el ranking, hemos mejorado desde la asunción de la actual administración.
En el año 2014 nuestro país se ubicaba en el lugar 70 entre 99 países que medía en aquel entonces el ranking, con un 44% respecto del puntaje que se le asignó a Finlandia, que en aquel año encabezaba el ranking.
En el ranking correspondiente a este año Argentina se ubica en el lugar 46 de 113 países con 65% del puntaje de Dinamarca, hoy líder del ranking. Hemos escalado 24 puestos respecto de 2014. Nada para sorprenderse si recordamos el estado de cosas en aquel entonces, cosa que muchos de nuestros compatriotas tienden fácilmente a pasar por alto. Pero no sólo la mejora es interna. En este sentido, la buena noticia es que hoy superamos a todos los países de la región con excepción de Chile y Uruguay. Brasil se ubica en el puesto 52, Colombia en el 72 y México en el 92.
Poniendo esto en términos más pedestres: si usted amigo lector o lectora representa a una empresa que busca invertir internacionalmente, ¿es
probable que lo haga en un país donde no se respeten los derechos de propiedad, o que los contratos no sean hechos respetar por la justicia, o que esté infectado por la corrupción, o que la infraestructura sea de baja calidad porque los contratos de construcción o concesión hayan sido otorgados a los amigos del gobierno? Claramente no. O a cambio deben ofrecerle tasas de retribución por la inversión descomunalmente altas...
Claramente la mejora de nuestra condición como estado de derecho implica una mejora para el país (ayuda además en nuestro ingreso en la OCDE y para pasar a la categoría de “emergente”) que es importante para generar inversiones internacionales y con ello mejorar la competitividad tan necesaria. Entre tanta incertidumbre una luz en el camino.
* Director de la Unidad de Competitividad de Abeceb. | Twitter: @mascompetitivos
