Un proyecto incorpora el concepto de violencia política vigente en la legislación nacional en la de la Ciudad: “Debe entenderse por ‘violencia contra las mujeres en la vida política’ cualquier conducta, por acción u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones”.
Así dice el texto firmado por la diputada porteña Natalia Fidel (Confianza Pública-Vamos Juntos). “Es un problema que viene creciendo de la mano al mayor acceso de las mujeres a espacios de poder. Es importante visibilizar y actuar contra este tipo de violencia que todavía no es reconocida tan ampliamente como otras formas. De hecho, un estudio realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA, entre legisladoras y diputadas de Argentina encontró que ocho de cada diez encuestadas afirmaron haber vivido situaciones de violencia de género a lo largo de sus carreras políticas”, asegura la legisladora.
La base del proyecto es la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política de la OEA, que busca eliminar toda discriminación basada en el género. Según la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres de 2015 (Belem, Brasil), el hecho es que la mayor participación política de las mujeres ha intensificado las formas de violencia contra ellas.
En esa línea, un estudio realizado por la Unión InterParlamentaria en todo el mundo encontró que el 82% de las mujeres parlamentarias había experimentado violencia psicológica; el 67% había sido blanco de insultos sexistas; el 44% había sufrido amenazas de muerte, violación, palizas o secuestro; el 20% había sido víctima de acoso sexual, y otro 20% de violencia física en el cargo.
Qué piden. El texto solicita, entre otras cuestiones, que el Ejecutivo “diseñe un protocolo interno con el fin de sancionar y erradicar la violencia política” hacia las mujeres; además de incorporar un componente específico que aborde la violencia contra las mujeres en la vida política, en el marco de las políticas de género y violencia contra las mujeres y/o de igualdad de oportunidades que implemente; pide recopilar estadísticas sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra las mujeres en la vida política; y coordinar con los órganos electorales las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las mujeres en todas las instancias del proceso electoral.
La Ley Modelo de Violencia Política les asigna un rol particular a los órganos electorales: “Es su responsabilidad promover, garantizar y proteger los derechos políticos de las mujeres y resolver los casos de violencia contra las mujeres en la vida política, en el marco de sus competencias”, dice.
