El Gobierno presentó ayer una nueva canasta de precios acordados para 194 productos básicos que podrán formar parte de las mediciones del flamante índice de precios nacional para intentar que la inflación esté bajo control y pueda alinearse con la meta de entre 18 a 20% de pauta salarial pretendida por el jefe de Gabinete Jorge Capitanich para el 2014.
Así, la canasta es hasta “deflacionaria”: arranca en promedio una baja del 7% en los precios actuales aunque también hay otros que suben frente a los que pueden obtenerse hoy en las góndolas. El 25% de los productos incluidos en la canasta que empieza a regir el lunes aumentó su valor para “garantizar el abastecimiento”, reconoció el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, que compartió la presentación del acuerdo en la Casa Rosada con los empresarios del sector alimenticio y supermercadista. El aceite acordado, por ejemplo, debuta con un aumento del 30 por ciento.
En este caso, sin el mirar para cuidar de Guillermo Moreno, la fiscalización dependerá del “control popular”, aunque los supermercadistas y asociaciones de consumidores coinciden en que la lista de 194 productos es más fácil de controlar que las experiencias de congelamiento de la era del ex secretario Guillermo Moreno. La lista completa puede encontrarse en la web www.precioscuidados.com.
“Es una canasta mucho más sensata y razonable que las canastas anteriores”, indicó el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, que frente a la baja general del 7% que destacó Capitanich recordó que “se arranca con precios de referencia muy altos. En los últimos meses los precios aumentaron desmedidamente y las cadenas formaron un colchón”.
“Los precios anunciados legalizan los enormes incrementos que se produjeron durante el año 2013, y en algunos casos está permitiendo que se produzcan aumentos por encima a los que ya teníamos en el final de diciembre pasado. Son llamativos los aumentos permitidos respecto a diciembre del 2012, entre otros productos de primera necesidad, en harina (136%), mermeladas (116%), lentejas (133%), gaseosas (130%), café (97%), yerba (47,9%)”, analizó el titular del Instituto de investigación social, económica y política ciudadana (Isepci), a cargo del índice barrial de precios, Isaac Rudnik.
También para Sandra González, titular de la asociación de defensa del consumidor Adecua, la nueva canasta implica un reconocimiento de la inflación real. A diferencia de los acuerdos de Moreno, los precios son “mucho más altos” que en la lista de 500 productos. “En el anterior acuerdo el azúcar estaba a 2,50 y en el nuevo está a 7,50 pesos”, ejemplificó.
El acuerdo arranca sólo en la Ciudad y Gran Buenos Aires. Ayer en Comercio Interior seguían las reuniones para extender, antes de fin de mes, el acuerdo a los supermercados chinos y a las provincias: habrá divisiones por región, para contemplar las diferencias de costos logísticos. Esas canastas rondarán también los 200 artículos, pero incluirán cambios para incorporar producción local cuando puedan ofrecer mejores precios, indicaron fuentes de Economía. Los acuerdos regionales también contribuirán a mantener a raya al nuevo IPC, que es de carácter nacional.
“El problema de la inflación es mucho más complicado. No sólo se toman en cuenta artículos de la canasta básica sino transporte, energía, calzado, turismo. En combustibles, de abril del año pasado hasta ahora los aumentos fueron del 43% y en un país donde el 90% del transporte es a través del camión, la incidencia de esa suba en la estructura de costos llega al 35%”, explicó Polino.
En la negociación con productores y supermercados se acordó que haya reposición. Desde el Gobierno establecieron que “no está previsto que haya límites para el consumo”, aunque aclararon que los supermercados pueden establecer límites de unidades por persona, como es ya clásico en el aceite o azúcar. “Si se impone algún límite a la compra, nos van a informar y nosotros vamos a autorizar eventualmente ese límite”, explicó Costa.
Uno de los interlocutores del Gobierno en la negociación, el supermercadista Alfredo Coto, consideró que se trata de “un programa que se puede cumplir perfectamente. Se asumió en forma voluntaria el compromiso para garantizar el precio acordado y para que no exista una sola góndola vacía”.
