El Gobierno contactó al fondo Gramercy para que colabore en la negociación con Repsol, que cuenta con el Deutsche Bank como asesor. Ayer el diario español Cinco Días aseguró que la Argentina y la empresa española consensuarán que una tercera entidad audite los aspectos financieros del resarcimiento, que implica “un descuento de 30%”, afirmó ese medio.
Ayer, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, anunció que la “semana próxima” comenzará a discutirse con Repsol “el precio y el instrumento de pago” de la compensación por la expropiación de parte de las acciones que tenía en YPF.
Por su parte, el ministro de Economía, Axel Kicillof, manifestó estar “esperanzado en cerrar muy rápidamente” las negociaciones, aunque advirtió que hay “muchísima letra chica a discutir”.
“Hoy se plantea cuánto va a terminar pagando la Argentina; quiero transmitir que a partir de la semana próxima hay una negociación entre partes, que incluye precio y condiciones de pago, e instrumentos de pago”, refirió Capitanich.
“Cuando uno tiene que medir sobre moneda homogénea, mide sobre la base de lo que vale hoy; si el valor de medición es US$ 5 mil millones, significa que ése es el valor actual”, afirmó Capitanich cuando se lo consultó sobre el valor del pago a Repsol que conduce Antonio Brufau.
“No hay que medir peras con manzanas, no hay que decir que en vez de 5 mil es 8.800, porque si uno toma plazos distintos y tasas de interés distintas, automáticamente el precio de referencia en valor presente es distinto; seamos serios en el proceso de discusión”, dijo, e insistió en que hay “muchas empresas interesadas en ser socias directas de la Argentina para emprendimientos hidrocarburíferos”, sin hacer menciones particulares.
Por su parte, cuando se lo consultó sobre si la Casa Rosada quiere cerrar el acuerdo antes de fin de año, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que “nosotros estamos muy esperanzados por el impulso decisivo que tomó” la negociación, pero admitió que “para bailar un tango se necesitan dos bailarines”.
El acuerdo base establece el pago con un bono a diez años que tendría un interés anual de entre 7 y 8 por ciento.
El contacto con Gramercy no resulta sorprendente si se tiene en cuenta que asesoró al Gobierno en la reestructuración de la deuda de 2010 y es tenido por un aliado en la pelea con los buitres en el litigio que se sigue en los EE.UU. Articula una alternativa para resolver el caso por caminos extrajudiciales.