Luego de la polémica por la información sensible que venía pidiendo la AFIP a los habitantes de countries, el titular de la entidad, Ricardo Echegaray, decidió echar a una de sus funcionarias responsabilizándola por la medida que ayer, incluso, fue llevada a la justicia por algunos diputados de la oposición.
Se trata de María Gabriela De Castro, de 52 años, quien era funcionaria de la AFIP desde hace muchos años y estaba al frente de la Dirección Regional Oeste, con injerencia en una buena porción del conurbano, según informó Clarín.
Y fue desplazada de su cargo este martes en una reunión que fue convocada por el propio Echegaray el viernes pasado, tras los fuertes cacerolazos registrados en varias ciudades del país. En esa oportunidad, el titular de la AFIP convocó a algunos funcionarios para darles “nuevas instrucciones”, según fuentes del organismo.
Pese a que habría sido el mismo Echegaray quien pidió recavar los datos “sensibles” de los vecinos de countris, el titular de la AFIP decidió echar a una funcionaria de menor rango.
La resistida medida exigía a los habitantes de los countries responder un cuestionario con preguntas tales como quién es el titular de la propiedad y si el que vive es propietario o inquilino. Con quién vive, si tiene familiares o no, a los que debía identificar a cada uno por nombre, apellido, número de documento y el vínculo con el propietario.
También interrogaba si los que viven allí tienen personal doméstico; si tiene hijos, a qué colegios van y, si son privados, cuánto pagan. Además de si son socios de algún club y cuánto abonan de cuota social, si viajaron al exterior recientemente y si poseen obras de arte, entre otros datos personales.
Se trata, por caso, de datos personales que están protegidos por diversas normas, como el Código Penal y la ley 25.326, de protección de datos personales. Por eso, ayer los diputados Federico Pinedo, Patricia Bullrich, Eduardo Amadeo y Gabriela Michetti, que integran el denominado Grupo de Acción Política por la Unidad (GAPU), presentaron una denuncia acusando a la AFIP de “abuso de autoridad”.
