La Argentina pagó a cinco empresas las sentencias en su contra dictadas por el Ciadi, el tribunal arbitral de inversiones del Banco Mundial, en un intento de mejorar su imagen a nivel internacional y conseguir que el próximo 10 de diciembre se destraben créditos del Banco Mundial por US$ 3 mil millones, en oportunidad en que el directorio del organismo decida nuevos desembolsos.
Pero, para el Ministerio de Economía, el acuerdo tendrá impacto también en los juicios de “los fondos buitre, porque deja de lado la visión de que la Argentina está aislada de los organismos internacionales”, dijeron ayer fuentes de la cartera.
La semana pasada, durante el paso del ministro de Economía Hernán Lorenzino por Washington, se conoció la oferta de pago de la Argentina, pero recién ayer se resolvió oficialmente el pago de las sentencias. El Gobierno canceló la deuda con CMS Gas Transmission, representada por el fondo de inversión Blue Ridge; con Continental Casualty Company; Vivendi Universal y Compañía de Aguas del Aconquija; Azurix y National Grid. Tanto esta última empresa como Continental estuvieron representadas, además, por intermediarias del fondo Gramercy, que embolsó el 8,64% de los pagos y a la vez es acreedor y amicus curiae del país en el juicio que se ventila en Nueva York.
“Fue un acuerdo transaccional, no cambió la estrategia”, explicó Lorenzino, quien remarcó que las empresas renunciaron a la posibilidad de hacer nuevos reclamos en cualquier otro tribunal y se acogieron a la ley argentina para recibir el pago. El total pagado fue de US$ 507 millones, tras un “descuento” del 25%. Se entregaron Bonar X y Boden 2015. “No hay antecedentes de este tipo de acuerdo en el Ciadi”, aseguró.
Buitres. La pelea judicial, en tanto, sigue su curso después de que los fondos buitre reclamaran a la Corte esta semana levantar el stay –la cautelar vigente hasta tanto defina la Corte Suprema si toma el caso– y otro pedido para ampliar el fallo que ordenó pagar US$ 1.300 millones a los fondos.
El equipo de abogados de la Argentina prepara la contrapresentación a los dos pedidos encabezados por el fondo NML. Pero, además, la Argentina sumó a un ex procurador General de los Estados Unidos a la multimillonaria defensa para subsanar el litigio por la deuda remanente en default. Se trata de Paul Clement, quien en 2005 fue designado por George W. Bush y participó de 41 casos en la Corte Suprema. Ahora trabajará con el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, asesores de la Argentina. Las presentaciones de los buitres cortaron los intentos de negociación extrajudicial. “Para negociar tiene que haber muestras de buena voluntad”, explicaron.
Bonos. Por el acuerdo en el Ciadi, además, entraron US$ 68 millones a través de Baade, el bono energético para financiar YPF. Ayer, después de que el Banco Central flexibilizara las reglas, las armadoras de electrónicos de Tierra del Fuego dijeron que evaluaban invertir US$ 200 millones en el Baade.
