La deuda en default –la vieja, de 2001– y también la deuda en “restricción de cobro” tendrán un nuevo round esta semana en el despacho del juez Thomas Griesa.
El octogenario magistrado de Manhattan deberá analizar la presentación del Citibank, que pidió un “stay” –que se suspenda la aplicación de la última orden del juez que les impediría pagar a fin de mes a los tenedores de deuda regularizada–, pero también reclamó el viernes un “análisis rápido” del pedido, por lo que debería definirse el lunes.
El banco, con la espada de Damocles sobre su licencia en Buenos Aires si incumple el contrato con el Gobierno para el pago, busca la forma de cumplir con todas las partes.
Según explicó el viceministro de Economía, Emmanuel Alvarez Agis, el no cumplimiento del Citibank con la transferencia implica “una violación del contrato con sus clientes”. En ese caso, “la aplicación de la ley corre por cuenta del Banco Central y las leyes argentinas”.
Además del pedido de “no innovar”, el banco llevó adelante una apelación. Antes del próximo 31 de este mes, en tanto, el Gobierno volverá a depositar los fondos para el pago de los bonos Par. En el medio, la Caja de Valores se perfila como una alternativa para pagar los vencimientos de los títulos que en esta oportunidad no tuvieron el visto bueno para el pago “por única vez” que Griesa había concedido anteriormente al Citibank.
Los “yo también”. A partir del martes de esta semana también se espera que el juzgado de Griesa determine el monto final de holdouts, los tenedores de deuda defaulteada en 2001 que no entraron a los canjes de 2005 y 2010, entre los que se encuentran los fondos buitre.
Según las estimaciones del mercado, hay casi una docena de fondos que “califican” para recibir lo mismo que NML Capital, el fondo de Elliott Management. Los que se estiman “seguros” suman unos US$ 10 mil millones, pero “la franja que se estima es muy grande” y alcanza hasta los US$ 16.800 millones, según destacó el especialista Mauro Mazza sobre la base de las presentaciones.
Fuera del término establecido por Griesa, el 6 de marzo, se presentaron además US$ 67 millones sin intereses ni punitorios de los “me too”, como se conoce a quienes esperan cobrar lo mismo que los fondos comandados por Paul Singer con sentencia a favor. Entre las estimaciones, también se cuentan a 900 pequeños litigantes que pueden sumarse.
El escenario de máxima fue estimado por el Gobierno en unos US$ 25 mil millones (incluidos los intereses), más de un cuarto de lo que entró en default en 2001. En Economía esperan el número final de Griesa para saber con qué (y cuántos) bueyes aran.
