Hubo una época en la que la mayor preocupación de Barrick Gold en la Argentina era que dejara de extenderse el uso del artículo “la” con el que los opositores a la minería nombraban en forma despectiva a uno de los mayores productores mundiales de oro. Ojalá volvieran esos días, piensan hoy en las oficinas centrales de la compañía que explota Veladero, en San Juan, la mayor mina en producción del país, que por primera vez en su historia lleva cinco días fuera de servicio por orden de un juez que investiga un derrame de cianuro, y puso en alerta a la población local por posible contaminación de cursos de agua.
La crisis de Veladero confluye en una tormenta perfecta para el gigante de capitales canadienses. El precio del oro cayó de US$ 1.300 la onza en junio de 2014 a US$ 1.100 este año y, en paralelo, la acción en Nueva York pasó de valer más de US$ 50 en 2011 a US$ 17 en junio de 2014 y oscilar en US$ 6 la última semana. Esta realidad prendió las alarmas en el directorio que encabeza John Thorntorn, presionado por los accionistas que quieren recuperar posiciones. Se ordenó en el último año un plan de reducción de costos en todo el mundo, con venta de activos no estratégicos y con esfuerzos por recuperar otros, como Pascua Lama, frenado del otro lado de Veladero, sobre la frontera argentino-chilena.
De hecho, una de las mayores inquietudes de la conducción de la empresa –que trajo ayer de Canadá un nuevo equipo para hacerse cargo de la mina en el departamento de Iglesia– es el contagio a Chile. La obra de Pascua Lama está parada luego que se produjo un incidente ecológico que obligó a la compañía a enfrentar un litigio y a hacer obras para conseguir las certificaciones ambientales. En los últimos meses, la compañía viene escribiendo en sus informes trimestrales que apunta a “restituir un balance sólido”. En marzo pasado, informó la incorporación de “13 nuevos líderes senior” para, entre otros objetivos, “solucionar los problemas con Pascua Lama” y “mejorara la eficiencia”. Hace un mes, se publicó una pérdida neta de US$ 9 millones, pero se festejó una baja del 10% en los costos.
Aún no hay datos del impacto extra que el cianurogate tendrá en los negocios y en su futuro en el país, a la espera del cambio de gobierno, pero descartan que golpeará la llamada “licencia social”, es decir, el apoyo de la población de San Juan, donde la empresa vuelca en donaciones recursos similares al presupuesto oficial para obras.
