El Gobierno debe pagar $ 600 millones al Grupo Greco

La Justicia renovó la orden de embargar más de 600 millones de pesos en bonos de la deuda pública en el marco de la causa entablada por el Grupo Greco, y le ordenó al departamento de Finanzas del Ministerio de Economía que cumpla con la medida.

Así indica una resolución, a la que accedió la agencia DyN, que adoptó el 29 de octubre pasado -notificada en los últimos días- el juez Civil y Comercial Federal 6 Juan Francisco de Asís Soto.

En ese marco, el magistrado notificó a Finanzas el embargo de esos bonos por unos 600 millones de pesos (conformados por los 315 millones y los 63 millones de bonos de consolidación, más un 20 por ciento para atender a los cupones que se hubieran vencido desde noviembre de 2006).

La medida, dice el juez, busca garantizar el pago de "lo adeudado" por el Estado al Grupo Greco, un consorcio empresario con base en la provincia de Mendoza, dueño de bancos (Los Andes, Iguazú, Norte y Delta Argentino) y de una treintena de entonces conocidas empresas vitivinícolas.

Durante la dictadura, el consorcio fue intervenido y desapoderado de sus bienes y, al regreso de la democracia, con la presidencia de Raúl Alfonsín, el Estado reconoció un resarcimiento a favor del grupo, que finalmente fue establecido por el juzgado a cargo de Soto.

El 11 de agosto de 2005, el juez homologó un acuerdo entre el Ministerio de Economía y el ex consorcio de empresas de la familia Greco. Allí se estableció que la Nación se comprometía a pagarle a los Greco 332.396.128,64 pesos como indemnización por haber sufrido el desapoderamiento de sus bienes durante la dictadura.

En noviembre de 2006, el Poder Ejecutivo le solicitó al Congreso la autorización de nuevo endeudamiento para cumplir con esta erogación que, al cancelarse con bonos, equivalía a 587.650.855 pesos, pero finalmente la entonces ministra de Economía, y hoy investigada por la bolsa de dinero encontrada en su despacho, Felisa Miceli impugnó el pago y revocó los actos administrativos firmados por sus abogados en favor del desembolso.

Mientras una causa penal llevada por el juez federal Sergio Torres investiga si existieron irregularidades en ese pago, el juez Soto pidió apartarse en marzo pasado del expediente que sustancia en su fuero para garantizar su "imparcialidad" frente a las partes tras el "exceso verbal mediático" en derredor del caso.

Sin embargo, sus superiores rechazaron su apartamiento, y el 29 de octubre último, Soto envió un oficio a la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaria de Finanzas, dependiente del Ministerio de Economía, para notificarle que se deberá "arbitrar los medios necesarios para proceder a la indisponibilidad y embargo de los títulos mencionados en el artículo 54 de la Ley 26.198 (presupuesto general para el 1007)".

La cifra embargada, señaló, busca ser "la cantidad suficiente y necesaria para cubrir el importe nominal del capital adeudado en 315.474.089 pesos de bonos de consolidación en moneda nacional cuarta serie 2 con más la cantidad equivalente al 20 por ciento".

Es decir, señala el escrito, "la suma de 63.094.817,80 millones de pesos de idénticos bonos" para atender "eventualmente a aquellos cupones ya vencidos a partir del 1 noviembre del 2006".

Según detalló, esos bonos deberán depositarse "en la Caja de Valores SA a la orden del tribunal y como pertenecientes a estas actuaciones hasta que se decida acerca de su efectiva cancelación o que el propio demandado disponga su cancelación, lo que primero ocurra"

Fuente: DyN