El día después de que la Justicia frenó el aumento del gas en todo el país y el de electricidad por tres meses en el Gran Buenos Aires, el Gobierno salió a defender los incrementos tarifarios como un eje clave de su gestión que acaba de cumplir seis meses. El presidente provisional del Senado y un dirigente prominente dentro de la alianza Cambiemos, Federico Pinedo, aseguró: “No se puede pagar un aumento del 1.000% en los servicios públicos, pero el Gobierno nacional cometió un error y puso un tope de entre el 400% y el 500%; porque si no hay aumentos, el costo de la energía se pagará con impuestos y recursos del Tesoro. Y esto generará inflación, como sucedió durante el kirchnerismo”, sostuvo el legislador.
En el Ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren trabajaron ayer para definir el impacto fiscal de retrotraer los incrementos, mientras explicaban que el clima les jugó en contra porque 2015 fue más cálido y este año ya viene siendo muy frío (ver página 28). Pero la expectativa de fondo de la Casa Rosada es que cuando el lunes se presente la apelación en la Cámara Federal de La Plata la medida quede sin efecto y por ende los aumentos sean ratificados. En paralelo, también el Gobierno presentará un recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación, que el martes podría incluir en su orden del día una señal para definir los aumentos. “La Justicia tendrá que dar una solución integral a este tema y analizarlo bien. La Corte deberá intervenir. Si la gente no puede pagar, deberá pedir la tarifa social, que hoy llega al 30% de la sociedad”, resaltó en declaraciones radiales.
Desde la oposición, la diputada Margarita Stolbizer, del espacio GEN, reclamó que no se apele la medida. “Deben dar marcha atrás”, dijo la legisladora que ahora está cerca del líder del Frente Renovador, Sergio Massa.
Eje central. Junto con la salida del cepo y el arreglo con los fondos buitre, el aumento del precio de la energía con reducción de subsidios es la tercera pata de lo que en la Jefatura de Gabinete llaman “desarmar el monstruo” que dicen que heredaron del kirchnerismo. Ya habían aumentado primero la electricidad, con subas de hasta el 500%, luego lo hicieron con el agua y también con el gas. Aunque en varias oportunidades retocaron las decisiones por el impacto en las provincias y en las pymes (es inminente un último cambio para 7 mil fábricas electrointensivas), la resistencia más fuerte desde el Poder Judicial llegó por la factura de gas de la zona metropolitana, donde las boletas pasaron de los $ 200 a más de $ 2 mil en casos testigo. Si bien el Gobierno reconoce que hubo errores en la implementación y hasta “excesos”, defiende a capa y espada la corrección tarifaria como “una señal de precios para los inversores”, según dice en Casa de Gobierno uno de los hombres de consulta centrales para el plan de promover inversiones.
“Por eso que la Justicia respalde el ajuste de tarifas es central, porque es garantía para los capitales que creen que hay otra etapa en la Argentina”, interpreta el funcionario. Y no lo dice, pero también será otra muestra de gobernabilidad para la administración de Mauricio Macri. “Con las leyes para los holdouts mostramos que tenemos cintura en el Congreso”, había dicho hace una semana otro demiurgo clave de las políticas oficiales. Ahora es el turno de que muestren que pueden cambiar precios relativos en recesión tras una década de tarifas subsidiadas.
La definición del tarifazo 2016 es relevante porque cuando se acerce fin de año se empezará a discutir el aumento de tarifas, centralmente de electricidad, para el año de las elecciones. “En gas y en agua el sacudón fue grande pero ya cubrimos los costos”, dicen en el ala política del Gobierno. “En electricidad recién cubrimos el 30% de los costos”, dicen los papeles del coordinador Gustavo Lopetegui. Sólo hay una certeza: las “malas noticias” del año que viene no las manejará Aranguren.
Facturas en el limbo
En su sentencia, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata declaró “la nulidad de las Resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación” y dijo que se “retrotrae la situación tarifaria a la existente previamente”. Ante tal situación, desde la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios (Adecua) aseguraron que “no hay que pagar” las tarifas de gas “al menos hasta que el Gobierno apele y se le conceda el recurso”.
Según el abogado de la entidad, Osvaldo Riopedre, cuando el Gobierno apele “la Cámara debe decir si concede el recurso y, si lo hace, hay que ver si suspende la medida o la mantiene hasta que la Corte Suprema resuelva”.
A esta opinión se sumó el juez de La Plata. En primera instancia había frenado la suba para las tarifas eléctricas, Luis Arias, para quien la suspensión obliga a las empresas a “retrotraer” la facturación a los valores anteriores y “devolver lo percibido de más”.
Hasta tanto, el escenario será el siguiente: quienes ya pagaron las boletas tendrán un saldo a favor; quienes ya recibieron las boletas con las subas pero aún no las abonaron, pueden elegir entre pagarlas y obtener el saldo a favor en las próximas facturas o no pagarlas y esperar una nueva boleta; si no se recibió, la distribuidora debería enviarles la nueva boleta acorde con elfallo.
