Los abogados de la Argentina en Nueva York presentaron anoche el detalle de la propuesta de pago por US$ 1.300 millones a los fondos buitre y holdouts que ordenó el juez Thomas Griesa en la primera instancia, con la esperanza de dejar atrás el capítulo de demandas internacionales y de que permita restituir la fe de los inversores y descomprimir la necesidad de dólares y crédito.
Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron que se esperó hasta último momento del plazo dado por los jueces de la Corte de Apelación para definir cómo pagarles eventualmente a los litigantes según la decisión de Griesa. De acuerdo con el mercado, las condiciones son las del canje de deuda de 2010: un bono Par, sin descuento, para el capital, y un bono Discount para los intereses, con la posibilidad de entregar un título atado al crecimiento, el Cupón de PBI, como en los canjes anteriores.
La propuesta presentada antes de la medianoche por el estudio de abogados Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que representa al Estado argentino, “será beneficiosa para el país porque no se les pagará a los fondos buitre una oferta mejor que al resto de los acreedores” que ya reestructuraron su deuda, según fuentes cercanas al ministro de Economía, Hernán Lorenzino.
Los ritmos legales ahora señalan que el tribunal formado por Rosemary Pooler, Barrington D. Parker y Reena Raggi esperará la presentación de los demandantes, que según las previsiones de mercado rechazarán la oferta. Los magistrados se tomarían “entre uno y tres meses para definir, aunque algunos hablan de que podría ser más rápido, pero necesitarán revisar a fondo el caso y podrían también consultar al Departamento del Tesoro para conocer las implicancias del fallo”, explicó el abogado Eugenio Bruno, especialista en reestructuración de deudas.
La Corte de Apelaciones también deberá definir el rol del Bank of New York como medio pagador a los bonistas que ya entraron en el canje, una de las cartas fuertes de la defensa argentina, que apela a las complicaciones que un fallo adverso implicaría para el sistema financiero neoyorquino.
Los operadores financieros se inclinan hacia la posibilidad de un default técnico, que podría generarse con un fallo adverso para la Argentina que ordene el pago, algo que el Gobierno ya adelantó que buscará apelar ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.
“El que pierda va a apelar ante la Corte Suprema, pero hay mejores posibilidades de que la Corte tome el caso si la que pierde es la Argentina”, explicó Bruno. En el peor de los casos, si no llega a la mayor instancia judicial, quedará firme el fallo de la apelación. Pero eso también se resolvería dentro de uno a tres meses, que es el tiempo que puede tomarse la Suprema Corte para ver si acepta el caso.
Apuesta. Si, por el contrario, el fallo resultara favorable, se podría cerrar el “capítulo buitre” antes de lo pensado, lo que le permitiría a la Argentina bajar el costo del financiamiento ante una eventual salida al mercado financiero, no sólo a nivel país sino para empresas nacionales como la petrolera YPF. En las últimas semanas, un banco internacional ofreció financiamiento al país a una tasa de dos dígitos, que fue considerada como alternativa para descomprimir la necesidad de dólares, aunque fue rechazada por el alto costo de endeudamiento.
En ese caso, sólo restaría renegociar la deuda con el Club de París para liberar los créditos de las agencias nacionales de crédito, como los llamados Ex-Im Banks, entidades estatales que financian exportaciones e importaciones y podrían permitir a las empresas locales acceder a fondos para la compra de bienes de capital o colocar algunos productos en el exterior. Esto podría descomprimir el cepo cambiario y achicar la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, además de restringir las “expectativas devaluacionistas”, según el Gobierno.
Los bonistas locales que demandan a la Argentina aseguraron que aceptarán lo que decida la Justicia y descartaron que un fallo a su favor pueda poner en riesgo a los bonistas que ya entraron en las reestructuraciones. “Los clientes quieren aceptar lo que la Justicia diga, no algo caprichoso o una decisión unilateral”, aseguró el abogado Pablo Giancaterino.
Los demandantes cuestionan el argumento de la Argentina de que no se pueden ofrecer mejores condiciones que en los canjes anteriores y sostienen, a cambio, que el cumplimiento de una orden judicial dista de ser una “oferta voluntaria” del Gobierno.
