En el Ministerio de Economía ya han reconocido que trabajan contrarreloj para instrumentar cambios en el esquema de subsidios al sector energético, el último ajuste que el Gobierno se predispone a encarar tras la devaluación y la fuerte suba de tasas con la que intentó frenar la inestabilidad sobre el dólar.
En el nuevo esquema trabajan, además de técnicos del Palacio de Hacienda, expertos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del Banco Central (BCRA) y de la Anses. Lo más claro que tiene el Gobierno es que intentará cruzar datos para aplicar las quitas de la forma más quirúrgica posible, para que no afecte a los sectores de menores ingresos.
Una forma que se ha analizado es combinar la reducción de subvenciones con los límites que fijan el piso a partir del que se paga el Impuesto a las Ganancias. Pero no está definido.
Además, la otra gran incógnita es el timing de la puesta en marcha de una de las medidas que el Ejecutivo más ha esquivado. Hoy, cuando parece la inflación bajó un escalón, no sería un buen momento para echar leña al fuego con un alza en las boletas que aliente reclamos más altos en las discusiones salariales que recién están comenzando. Por eso, hay una idea de anunciar una entrada en vigor escalonada entre abril y junio.
Los economistas marcan que es la gran asignatura pendiente. La masa total de subsidios ronda los $ 140 mil millones, el 5% del Producto Bruto Interno. Una menor necesidad de dinero para este fin, explican tanto cerca como lejos del oficialismo, redundaría en una menor necesidad de emitir para financiar al Tesoro. Eso mismo remarcan en el propio ente monetario. “Juan Carlos Fábrega ya hizo su trabajo, ahora les falta allá enfrente”, sueltan en relación con el edificio de Yrigoyen 250, donde en el quinto piso el ministro hace cuentas.
Mientras tanto, los gobernadores mueven sus fichas. Hicieron saber a la Casa Rosada que cualquier modificación en las tarifas debe dejar claro que cuando haya subas de salarios en los distritos, quedará habilitado un reajuste.
El ajuste macro que se decidió desde Olivos busca encauzar variables que amenazaban con complicar la gobernabilidad mediante un talón de Aquiles de todas las administraciones: el nivel de las reservas. La reducción de los subsidios energéticos es la pata que faltaba.
