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La aparición en la agenda de la posible aplicación de leyes como la antiterrorista, en vigencia, y de abastecimiento, que rige desde 1974 pero ahora podría ser modificada, llevó a varias compañías y cámaras sectoriales a poner a trabajar sus equipos legales para definir cursos de acción en defensa de las firmas y, sobre todo, de los ejecutivos, que en el peor de los casos temen alguna vez tener que desfilar por algún tribunal.
“Ya estamos estudiando las posibles consecuencias de la aplicación de estas normas”, adelantó a PERFIL un empresario que integra la junta directiva de la Unión Industrial Argentina que prefirió no dar su nombre. En igual sentido se manifestaron en la Cámara Argentina de Comercio, donde además remarcaron que “esta actitud del oficialismo no contribuye a fomentar la inversión en un año de crisis”.
En el Gobierno consideran que hay “una sobrerreacción” de parte de los hombres de negocios. “Algo similar ocurrió cuando se heredaron las acciones de las AFJP y la Anses pasó a ser accionista de numerosas compañías, y hoy siguen funcionando normalmente”, indicaron en el Palacio de Hacienda.
La Ley Antiterrorista, sancionada en 2001, establece penas de hasta seis años de prisión para quienes alteren el orden económico. Cristina Kirchner señaló el jueves que la empresa estadounidense Donnelley habría incurrido en una operación para favorecer a los fondos buitre en el marco de una campaña para forzar a la Argentina a que pague. En tanto, el Ejecutivo envió al Congreso un paquete de leyes para mejorar las “relaciones de la producción” y la “defensa del consumidor”, con normas que incluyen posibilidades de clausuras preventivas y fijación de controles de precios, además de la obligación de la empresa de primero pagar las multas y luego reclamar.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en tanto, disparó ayer contra quienes se oponen a esta norma. Los que lo hacen “defienden a los grupos (económicos) concentrados”, dijo, y remarcó que estos dirigentes “no quieren discutir porque no aceptan ninguna intervención regulatoria del Estado”. “Es una ley vigente que nosotros pretendemos modificar, excluyendo la acción penal”, señaló el funcionario, quien añadió que desde la oposición “no quieren discutir porque no aceptan ninguna intervención regulatoria del Estado”.
