—Usted siempre dice que es necesario el desarrollo pero con equidad, ¿cree que el
Gobierno apunta en esa dirección?
—Las consecuencias de la política económica van en esa dirección porque han ido
generando reglas de juego de competitividad, de gobernabilidad de la economía y de previsibilidad.
Es lo que explica este aumento importante del nivel de la actividad económica y de la inversión. Y
en alguna medida, en el aspecto social hay una mejora en el empleo y una recuperación en los
salarios reales. Sin embargo, la herencia de arrastre de lo social es de una gran dimensión, ya que
subsisten problemas de desigualdad graves, una tasa de desocupación que duplica la tasa histórica
de desempleo y un nivel de remuneraciones bajo. Es decir, la situación existente requiere
profundizar no sólo un modelo de crecimiento en el largo plazo sino fortalecer las políticas
públicas distributivas del ingreso y de ampliación de la oferta de los bienes esenciales para el
bienestar de la sociedad: la educación, la salud, la seguridad y la defensa del medio ambiente.
—Si bien existe un consenso generalizado sobre el crecimiento económico, hay quienes
aseguran que no hay una real redistribución de la riqueza...
—Creo que hay un nivel de desigualdad mucho mayor del que existió
tradicionalmente en la Argentina antes de que se implantaran las políticas neoliberales. La otra
cuestión es levantar el nivel de la población que está por debajo de la línea de pobreza, generando
un bienestar mínimo en la sociedad, y acabar con la indigencia. En estos indicadores de pobreza e
indigencia hay una mejora. En el aspecto distributivo, no tanto, porque hay problemas estructurales
serios ligados a las transformaciones que se experimentaron en la economía argentina, que llevaron
a una fuerte concentración de la propiedad y de las empresas por un desmantelamiento de buena parte
del tejido de las pequeñas y medianas empresas, que ahora se están recomponiendo. La causa
fundamental de la desigualdad fue el aumento de la tasa de desocupación. Por eso, en la medida en
que se va generando empleo de calidad, va mejorando el conjunto de los indicadores sociales. El
tema central de la Argentina sigue siendo la cuestión social y esto implica, entre otras cosas, la
mejora de la oferta de los bienes públicos.
—¿Piensa que los empresarios de nuestro país están dispuestos a achicar su margen de
ganancia para contribuir a tener una sociedad más justa?
—Legítimamente, en toda sociedad democrática y pluralista, los diversos
sectores de la sociedad, entre ellos los productores agrarios, los empresarios industriales, los
trabajadores, pujan por mejorar su posición relativa. Pero en una sociedad democrática estable, con
instituciones sólidas y con un Estado capaz de gravitar, esas cuotas distributivas se resuelven
racionalmente, preservando el interés general y logrando que la mejora de cada uno sea producto no
de quitarle algo a otro sino del aumento de la riqueza en general. Desde luego que hay expresiones
de solidaridad, pero la equidad se construye a nivel político e institucional, por la convergencia
de los diversos actores y por un sistema político capaz de tomar decisiones que sean compatibles
con el interés general y con la equidad distributiva. No creo que históricamente las mejoras de las
condiciones sociales se expliquen por la buena voluntad individual sino más bien por sistemas que
son capaces de generar espacios que motivan la creatividad privada, la inversión y el crecimiento,
y que al mismo tiempo arbitren los conflictos de intereses en un sentido consistente con la equidad
y con el crecimiento.
—Sin embargo, cuando se toman algunas medidas distributivas, como las retenciones a
las exportaciones del campo, surgen voces de protesta y aparecen nuevas problemáticas...
—No hay que asustarse con los reclamos sectoriales. Cuando uno observa el
comportamiento de las democracias maduras de Europa, siempre hay conflictos distributivos. Es una
historia de todas las sociedades pluralistas. El tema es la capacidad de administrar esa
conflictividad con sensatez, y que la protesta no desborde los marcos legítimos de una sociedad
democrática. Considerando los agravios que ha soportado la economía argentina, el grado de
conflictividad social es relativamente bajo, comparado con otros países. En el caso concreto del
sector agropecuario, creo que forma parte de esta necesidad de construir una estrategia de
crecimiento integrado de la economía que ubique al sector agrario en el marco de una economía en
transformación. La idea de que podemos volver al país del siglo XIX, que estaba sobre las espaldas
del sector agropecuario, ya no es concebible. Es importante mencionar que el campo está próspero,
tiene un avance extraordinario en virtud de la dotación de recursos naturales del país y del
dinamismo del empresariado rural. Este dinamismo hay que ubicarlo en el marco de una economía
integrada. Las cosas hay que discutirlas en la mesa de negociación y tratar de evitar situaciones
de conflicto.
—Desde el Gobierno se dijo que el último paro del campo respondía a cuestiones
ideológicas. ¿Acuerda con eso?
—Hay cosas que son difíciles de entender porque hay criterios muy arraigados.
Si lo viven como que les están sacando parte de sus riquezas, entonces está la protesta. Pero
también es cierto que cuando el tipo de cambio apenas alcanzaba para exportar lo básico, el sector
primario estaba endeudado, los valores estaban bajísimos, una gran cantidad de productores quebró,
y con este sistema actual de precios relativos administrados a partir de las retenciones, hay un
espacio de prosperidad para todas las producciones en Argentina. Esto hay que discutirlo en una
mesa de negociación con políticas de largo plazo, que aseguren una rentabilidad a la producción
pecuaria y a la agraria, al cambio tecnológico, a la integración de las cadenas de valor, al
aumento de la participación argentina en las cadenas de valor, de tecnologías, de insumos. Lo que
revela esta crisis que hemos vivido y la forma en que hemos salido, sin pedirle nada a nadie, en
default, pagando deuda, aumentando la inversión, con superávit del Presupuesto en la balanza de
pagos, es que el país tiene un potencial formidable. En cuanto se liberan las fuerzas de
crecimiento, el país crece.
—Frente a la tensión constante con el campo y el fantasma del desabastecimiento de
carne, ¿el Gobierno debe aumentar la intervención del Estado en los mercados o reducirla?
—Acá el problema no es intervenir o no intervenir. Hay que intervenir todo lo
que haga falta y no hacerlo cuando no hace falta. Ninguno de los grandes países industriales han
dejado de tener al Estado como un protagonista y un aliado de la producción y de la generación de
oportunidades y rentabilidad. Cuando nuestro país estaba supuestamente sin Estado, vendió todo su
patrimonio, extranjerizó la economía nacional, terminó endeudado hasta el límite de la insolvencia,
lleno de pobres, desempleados, en conflicto, con una crisis institucional fenomenal, con el
Presidente renunciado, con catorce monedas dando vueltas por todo el país y al borde de la
hiperinflación. A ese escenario se llegó con la supuesta política de prescindencia estatal, que
terminó destruyendo la capacidad de decisión nacional del país de organizarse a sí mismo. De esto
estamos saliendo con relativo éxito, recomponiendo los instrumentos de acción pública. Que se
pueden usar mejor, no hay ninguna duda.
—En relación con esto, ¿cree que las medidas que esta administración tomó para
controlar la inflación son efectivas?
—Los resultados hablan por sí mismos. Los precios se siguen manejando, están
en el 10 por ciento y no hay des-abastecimiento en ningún sector fundamental de la economía. Una de
las evidencias de que un sistema de precios administrados no funciona es cuando de pronto
desaparecen elementos de la oferta, y esto no está sucediendo. No hay ningún sector de la economía
argentina en el cual esta política de ingresos haya creado problemas graves.
—¿Considera que los números oficiales sobre la inflación se condicen con los precios
de las góndolas de los supermercados?
—Las mediciones del INDEC son probadas técnicamente. Se han mantenido a lo
largo del tiempo. Desde luego que si uno toma algunos productos en particular de efectos
estacionales, se disparan.
—¿Qué otras medidas habría que tomar para mejorar la situación económica y social de
los argentinos?
—Fortalecer la educación, la salud, la defensa del medio ambiente. Y desde luego hay
que tener en cuenta las políticas horizontales, que son con las que fijan las reglas del juego: la
política monetaria, de crédito, de tipo de cambio y de presupuesto. Son las que aseguran la
gobernabilidad. El orden, incluyendo la estabilidad razonable de precios, es esencial. En el
desorden no se construye nada. También hay que fortalecer algunas políticas sectoriales, aparte de
las políticas de bienes públicos. Hay que complementar el talento privado con las políticas
públicas que fortalecen el despliegue de esa capacidad. Con los recursos que poseemos, tenemos que
cerrar la brecha entre el país posible y el país real. No hay futuro para el país si no resolvemos
la desigualdad que subsiste, la pobreza que subsiste, el desempleo que subsiste.
—Si bien muchas de estas problemáticas aún no se resolvieron, no se puede decir que
seguimos atravesando una situación de crisis. No obstante, la ley de emergencia económica se
continúa prorrogando, ¿le parece adecuada esta decisión?
—No. Creo que el país se ha ido normalizando, y cuanto más rápido logremos
esa normalización, acabando con regímenes especiales, mejor. El Estado tiene dentro de las normas
vigentes del orden constitucional los instrumentos para hacer lo que tiene que hacer. Pienso que
son medidas transitorias que ya no se justifican.
—Entonces ¿por qué siguen prorrogándola?
—Este gobierno, como otros, intenta conservar la mayor cantidad de instrumentos
posibles. Está en la condición del comportamiento político conservar herramientas. Pero la verdad
es que los instrumentos están teniendo un costo político exagerado. Creo que no se justifica andar
armando tanto alboroto por instrumentos que son marginales en la capacidad decisoria del Estado.
Corte final a la pesificación.
—¿Está de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de poner fin a alrededor de 50
mil juicios iniciados contra la pesificación de los depósitos bancarios?
—Creo que tendría que haber hecho esto mucho antes. Acá hubo una confusión
entre lo jurídico y la realidad. El 1 a 1 era insostenible; por lo tanto, la pesificación era
inevitable. No hay ninguna economía moderna que funcione sobre la base de una moneda extranjera.
Todas funcionan sobre la base de su moneda nacional. Era necesario absorber esas consecuencias de
la manera más equitativa posible, y la verdad es que al final del proceso la gente que tenía sus
depósitos recuperó de alguna manera la parte principal de lo que tenía. Y esto que queda es el
resabio de un viejo problema que tuvo que haberse resuelto mucho antes.
—¿Cree que se tomaron las medidas correctas?
—Si uno pudiera reescribir la historia, siempre la escribiría de manera distinta. Pero,
en fin, la historia se escribió como se pudo en el marco del desorden extremo. Y es una historia
con un final relativamente satisfactorio.
—Cambiando de tema, ¿el desendeudamiento de la Argentina beneficia más a nuestro país
o a los organismos de crédito?
—Claramente, a la Argentina; porque el Fondo es un acreedor incómodo ya que
cuando presta dinero, piensa que sabe lo que le conviene al deudor y pone lo que se llaman
condicionalidades, que responden a una misión de las finanzas y de la economía mundial muy propia
de los mercados financieros, que muchas veces no se compadecen con las necesidades de la economía
real. Por eso, los países más exitosos de Asia hicieron sus propias políticas y nunca se compraron
el consenso de Wa-shington. De modo que ser un socio normal del Fondo, sin deberle nada, es un paso
muy importante. El país ha recuperado su gobernabilidad y se maneja con sus propios recursos. Toma
los recursos externos dentro de un ciclo viable.
—¿Cómo incidió la reducción de la deuda en la vida cotidiana de los
argentinos?
—Todas las encuestas sobre el estado de ánimo en el país indican una alta cuota de
optimismo. La mayor parte de la gente piensa que las cosas están mejor. Creo que ese estado de
ánimo refleja el hecho de que hemos ido tomando conciencia de que somos los responsables de nuestro
destino y que si hacemos las cosas bien, ponemos la situación en orden y defendemos la situación
nacional, el país da para mucho. Tengo la impresión de que estamos en un momento muy interesante de
la historia argentina. Probablemente, se cerró el ciclo de la hegemonía neoliberal.
Contra el Apocalipsis energético.
—¿Cuál es la situación de Enarsa, que usted dirige?
—Enarsa es una especie de iceberg: lo que se ve todavía es poco porque lo que
está pasando se encuentra debajo del agua. Lo que hay abajo es importante. Es portadora de una
política pública de aumentar la exploración y promover una serie de cuestiones. Y es lo que está
haciendo. Cuando tenga petróleo propio, tendrá sus refinerías y se constituirá en una empresa
integrada de hidrocarburos, además de hacer otras cosas, porque es una empresa que no sólo está
referida a hidrocarburos sino a todo el sistema energético.
—¿Es cierto que en tres años seremos importadores netos de petróleo?
—Si no hacemos nada, no sólo vamos a tener una crisis energética sino que vamos a
importar el petróleo y vamos a estar peor. Ahora, si hacemos lo que estamos haciendo y realizamos
los proyectos que están en marcha, el escenario no va a ser ése. A veces hay algunos escenarios
apocalípticos. El año pasado estaba la idea de que nos encontrábamos al borde de la hiperinflación
y este año es la crisis energética. Es cierto que hay un tema energético, pero se puede resolver.
Es preciso tener en cuenta una cosa muy importante, Argentina tiene una matriz diversificada:
hidrocarburos, energía nuclear, etc. Hay que terminar Atucha II y la cuarta central nuclear tiene
que empezar a diseñarse ahora, ya que en el mundo hay una revalorización de la energía nuclear.
Sería bueno aprovechar al máximo el talento que tenemos.
"El tema central sigue siendo la cuestión social"
Acérrimo defensor del intervencionismo estatal, este renombrado economista defiende lo que viene haciendo el Gobierno, al que se sumó como director de Enarsa. Apoya la decisión de la Corte de avalar la pesificación, aunque cree que no debería haberse demorado tanto. Y analiza las cuentas pendientes.