La Argentina sufrió un fuerte revés anoche en el marco de la pelea con los acreedores de deuda soberana que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010. El juez norteamericano Thomas Griesa aceptó el pedido de 500 acreedores que buscaban sumarse al fallo que los fondos Aurelius y NML lograron por el pago de US$ 1.330 millones, lo que podría representarle al país nuevas obligaciones por unos US$ 5.400 millones. El magistrado aseguró que la Argentina deberá desembolsar ese monto en cumplimiento del criterio de “me too” (yo también) que obliga a un tratamiento en igualdad de condiciones a los acreedores que se sumen a la demanda y así lo reclamen. El pasado viernes 29 de mayo, Griesa no se había pronunciado sobre el reclamo de este conjunto de bonistas que habían solicitado la extensión del fallo que benefició a los llamados fondos buitres. En esa audiencia, los abogados que representan al Estado argentino argumentaron que este nuevo grupo de acreedores no está en condiciones de reclamar el incumplimiento de la cláusula pari passu (igual tratamiento de acreedores) que provocó el fallo original de Griesa. En esa oportunidad, los bonistas afirmaron que la Argentina “no puede ignorar” a los bonistas que están en juicio y reclamando sus acreencias. Fue entonces cuando Griesa optó por postergar una decisión, que finalmente tomó ayer. Previo a la audiencia, Dan Pollack, el intermediario judicial designado por Griesa, emitió un comunicado en el que afirmó que la Argentina no respondió a una invitación a negociar realizada por los holdouts en enero. “He estado en comunicación con los abogados de ambas partes en varias ocasiones luego de que expiró la cláusula RUFO. Los fondos que reclaman presentaron al final de enero a través mío una invitación a la Argentina para reanudar las negociaciones directas. La Argentina todavía no ha hecho uso de esa invitación cursada”, señaló el parte de Pollack.
Respuesta. El Ministerio de Economía emitió anoche un comunicado en el que aseguró que “la Argentina tenía razón: Griesa avala la nueva extorsión buitre bajo el disfraz de los me too”. La cartera que encabeza Kicillof, además, anticipó que presentará una apelación en los tribunales del Segundo Circuito de Nueva York. “Queda claro así que la presión para que la República pagara US$ 1600 millones a los fondos buitres no constituía una solución, sino que abría la puerta a nuevos y mayores reclamos”, insistió al Palacio de Hacienda.
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Lee C. Buchheit, socio del estudio de abogados Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP, que defiende a la Argentina en la causa contra los fodos buitres, estuvo en Buenos Aires en el marco de las Jornadas Monetarias organizadas por el BCRA. Consultado por PERFIL sobre la posibilidad de que Griesa avalara el reclamo de los “me too”, Buchheit prefirió no hacer comentarios, pero se refirió al caso argentino en su presentación por la mañana. “El juicio que enfrenta a la Argentina y los holdouts, es paradigmático porque marca un fuerte cambio con respecto a la discusión sobre la legislación de las reestructuraciones de deuda. Durante décadas los países han podido resolver estos problemas y regresar a los mercados pero ahora por primera vez se les dió a los especuladores que compran bonos en default, una fuerte arma para reclamar ganancas exhorbitantes”, señaló y agregó que “la justicia tuvo una interpretación de la clásula Pari Passu para estos grupos”.
