No le causará gracia a Guillermo Moreno enterarse de los pormenores de la oferta económica que presentó el consorcio que está más cerca de adjudicarse la construcción de dos represas hidroeléctricas en Santa Cruz, la obra de infraestructura que más interesa a la Casa Rosada. El secretario de Comercio, abocado –sin demasiado éxito, por cierto– a la contención de la sangría de divisas de la economía argentina, seguramente no verá con buenos ojos una de las exigencias de la UTE liderada por Electroingeniería, la empresa de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra –cercana a la Rosada–, para financiar la megaobra valuada
en alrededor de US$ 5 mil millones.
El holding integrado, además, por la china Gezhouba e Hidrocuyo, incluyó una cláusula polémica: aclara que el Estado argentino deberá depositar en una cuenta en el extranjero, y en divisas, US$ 1.105,2 millones durante los cinco años que durará la construcción. Así está definido en el Anexo VIIIa de la documentación presentada por Electroingeniería, a la que tuvo acceso PERFIL. La cifra representa el 23% del monto total que demandará la instalación de las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, que aportarán 1.840 MW de potencia.
El requerimiento del consorcio –que con una propuesta de $ 18.947 millones más IVA es el que mayores chances tiene de ganar la licitación– es, en rigor, una exigencia de los bancos chinos CDB (China Development Bank) y BoCom (Bank Communication Limited), que financiarán el trazo grueso del proyecto, con créditos de US$ 4.007 millones y US$ 707 millones, respectivamente. Preocupados por el cepo cambiario que rige en la Argentina, los asiáticos quieren asegurarse cobrar en dólares lo desembolsado en el país.
Verdes. La pretensión es una condición sine qua non para que los bancos financien la construcción. La nota de descuento ofrecida por Electroingeniería –que redujo 17% el valor de su oferta inicial– establece que “los pagos a realizar en el extranjero se adecuarán a lo indicado en el anexo VIIIa de la presente”. Ese documento contiene dos columnas: una para los montos a ser desembolsados fuera del país y otra para el dinero local. Así, al primer mes de construcción, el Estado deberá depositar US$ 89 millones en una cuenta en el exterior. En el segundo, 11 millones, y así sucesivamente según lo detallado. Desde Electroingeniería no respondieron los llamados de
este medio.
El planteo va en contra de lo ordenado por el pliego licitatorio, que establece que las ofertas económicas deberán consignarse en la moneda local, es decir, en pesos. Los artículos 6.1 y 6.3.F1 señalan que “deberán cotizarse en moneda nacional todos los componentes de la oferta”. Incluso la Unidad Técnica Mixta de Evaluación (UTME), conformada por funcionarios de Planificación y de Santa Cruz, exhortó a los oferentes, por medio de las circulares 3, 4 y 5 publicadas en diciembre, a “no elevar sus propuestas en moneda extranjera”.
El incumplimiento fue rápidamente percibido por el resto de los consorcios que aspiran a adjudicarse la millonaria obra, que denunciaron la infracción ante Planificación, que ahora deberá responder si hace lugar o no a las cartas de impugnación presentadas. En la lista figuran el empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez, Panedile (de Hugo Dragoneti) e Impsa, de Pescarmona. Todos lideran UTEs que participan de la licitación, cuya definición está prevista para las próximas semanas.
En junio, otro peso pesado de los negocios K quedó en el camino en la puja por la obra de infraestructura más grande del país: Cristóbal López, que no pudo cumplir con los plazos establecidos
