Tras una nueva audiencia con el juez Thomas Griesa, que liberó los pagos a bonistas europeos pero mantuvo retenidos los fondos depositados en el Bank of New York y volvió a negar la posibilidad de una cautelar –hasta que al menos no medie un acuerdo privado–, el Gobierno reafirma su posición de mantener la cesación de pagos (que nunca llamará default) hasta enero, cuando venza la cláusula RUFO.
La alternativa del acuerdo entre bancos ahora descansa bajo el ala de grandes bancos internacionales, como el JP Morgan y el Citi, que se niegan a hacer comentarios (ver aparte). El riesgo de sostener el statu quo es que los bonistas que entraron al canje demanden una “aceleración” para cobrar todos los intereses que se deberían pagar en los próximos 15 años. Para esto, el 25% de los tenedores de una serie deberían reclamar esta “aceleración” ante un juez.
En la audiencia de ayer en el 500 de la calle Pearl, Griesa encomendó a las partes que sigan negociando. “Nada de lo que ha pasado elimina la necesidad de llegar a un acuerdo”, dijo el juez. “Hay un fallo y debe cumplirse”, agregó.
El abogado de la Argentina, Jonathan Blackman, aseguró que “el Gobierno está dispuesto al diálogo” y planteó que “está de acuerdo en que un arreglo es la única solución”, pero con la condición de que “sea global e involucre a toda la deuda”.
En el Palacio de Hacienda siguen sosteniendo que no hay pago posible antes de fin de año porque podría ocasionar que se dispare la cláusula RUFO –Right Upon Future Offers–, que impide mejorar las condiciones a los holdouts frente a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010.
Después de la audiencia, Griesa reconoció en los hechos que se había dejado cabos sueltos y liberó los pagos a los bonistas europeos a los que había impedido el cobro de sus títulos: autorizó a las entidades bancarias Euroclear y Clearstream, a realizar por única vez el pago recibido por el Citibank para la cancelación de bonos emitidos por Argentina en dólares bajo legislación local.
Y aclaró también que sus órdenes de febrero “no prohíben los pagos de bonos denominados en pesos” que fueron emitidos por la República Argentina en los canjes de deuda soberana, bajo ley nacional. Las demás entidades financieras, entre ellas el Bank of New York Mellon (BoNY), siguen con los fondos congelados.
Quejas. Por otra parte, Griesa les reclamó a los abogados del estudio Clearly Gottlieb Steen & Hamilton que representan a la Argentina que “la República deje de difundir información engañosa” y le reclamó al Gobierno porque “cuenta una verdad a medias”.
La controversia sobre si la Argentina entró o no en default llegó también a la audiencia con Griesa. El abogado de la Argentina, Jonathan Blackman, cuestionó el comunicado emitido por Pollack el miércoles, donde señalaba que no se había llegado a un acuerdo y que el país estaría “inminentemente en default”, lo que según la defensa argentina es “ofensivo y perjudicial para la República y su impacto en el mercado”.
“Algo había que decirle a la gente y si se usó la palabra “default”, difícilmente pueda decirse que es inadecuada”, respondió Griesa, que también rechazó los cuestionamientos sobre el mediador Daniel Pollack. “Es completamente imparcial”, dijo.
Sin embargo, Economía pedirá por escrito el reemplazo del mediador. Pollack “se excedió en sus incumbencias y atribuciones al calificar de “default” al impedimento de cobro que el mismo juzgado de Griesa impuso a algunos bonistas”, explicó Kicillof en un comunicado.
Mientras transcurría la audiencia, la asociación encargada de definir sobre los seguros de default de los bonos consideraba que la Argentina había “fallado en el pago” (ver aparte). “Si bien esto no implica que la República deba pagar absolutamente nada, ya que son transacciones entre privados, favorece a unos privados a expensas de otros e intenta instalar el mensaje que Argentina se encuentra en default”, cuestionó Kicillof sobre la decisión del comité de seguros que integran los fondos buitre.
Para las calificadoras, se entró en default parcial. Fitch ayer le bajó la nota a la deuda emitida por las ciudades de Buenos Aires, La Plata y Salta por el default y la recesión.
