El equipo financiero de la gestión de Roberto Lavagna creó la RUFO, esas líneas que hoy son un obstáculo, para algunos insalvable, para negociar con los fondos buitre. RUFO es la sigla en inglés de Rights Upon Future Offers, que significa derecho sobre futuras ofertas. Esta cláusula, tecnicismo más o menos, dice que si la Argentina voluntariamente hace antes del 31 de diciembre de 2014 una oferta mejor a los que entraron en los canjes de 2005 y 2010, el país dará todos los pasos necesarios para que cada tenedor de los bonos tenga el derecho, durante un período de 30 días corridos para cambiar sus bonos por efectivo u otros bonos que igualen lo ofertado a los otros.
Estas líneas, pensadas para convencer a los acreedores hace una década que no iba a haber una oferta mejor, ahora funcionan como una bomba de tiempo para cumplir el fallo de la Justicia neoyorquina que obliga al país a pagar US$ 1.500 millones a un grupo de fondos buitres e inversores particulares que no aceptaron ingresar a los canjes.
Economía sostiene que si se les paga a los demandantes podrían generarse más reclamos judiciales por un valor estimado en US$ 120 mil millones (cuatro veces las reservas del Banco Central). Ante este escenario, ya no sólo analistas financieros, sino también ciudadanos comunes y la clase política se preguntan si esta bendita cláusula RUFO estuvo bien planteada.
El profesor de Economía y Finanzas de la Universidad Di Tella, Juan José Cruces, asegura: “La cláusula RUFO tiene un autor político que es Néstor Kirchner y se hizo para cubrir a los directores de las AFJP de posibles demandas de los afiliados por malversación de fondos”. En aquel momento, aproximadamente unos US$ 9 mil millones de bonos en default estaban en manos de las AFJP, aproximadamente un 10% del total reestructurado. Consultados Guillermo Nielsen, secretario de Financiamiento y Osvaldo Siseles, secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía por aquel entonces, negaron enfáticamente lo dicho por Cruces y contaron su versión de cómo se gestó la RUFO.
“Había que convencer a los acreedores de que era la única y la última oferta que iban a tener, que terminó siendo así. La incluimos porque un grupo de bonistas liderado por Nicola Stock y la Task Force Argentina decía que iba a haber más adelante una oferta mejor”, aclara Siseles. La hoy incómoda cláusula RUFO la redactaron entre los abogados de Argentina en Nueva York, el estudio Cleary Gottlieb, y los bancos que asesoraban al Gobierno, el Lazard Freres, entre otros, más conocedores de la terminología de Wall Street y el mundo financiero. Y se pensó que un plazo de 10 años era un término razonable para resguardar a los bonistas que entraban al canje. Lo que no se imaginó en aquel entonces es que los fondos buitre iban a seguir durante 12 años reclamando su pago sin quita
