Intervención estatal. Esas son las dos palabras que más resuenan por estos días en el campo de la economía, a lo largo y a lo ancho del planeta, y que han reanimado debates de vieja data en los planos académico, profesional y político. En concreto, lo que está bajo discusión en varias partes del mundo es la intencionalidad (para qué), el grado de profundidad (cuánto), los sectores involucrados (dónde) y la duración (hasta cuándo) de la intervención del Estado en la economía.
En este sentido, Chávez, Kirchner y Obama encaran tres modelos de intervención. Si bien el concepto abarca también el dictado de normas regulatorias de los mercados, el foco hoy está puesto en los rescates de empresas en dificultades financieras y en la decisión de, en extremo, estatizar algunas compañías.
Obama. Su determinación de incrementar la presencia estatal en la economía más grande del planeta delata cierta dosis de pragmatismo que caracteriza al pueblo y a la dirigencia norteamericana. Es decir, el fin último de este tipo de medidas es sacar del pozo, lo antes posible, a la economía evitando por un lado el efecto contagio (tal es el caso de los rescates de entidades financieras como Citibank) y por el otro el surgimiento de males mayores (tomando como ejemplo el apuntalamiento financiero a algunas automotrices).
Chávez. El mandatario venezolano procura seguir “a pie juntillas” las ideas plasmadas por Heinz Dieterich Steffan en su libro El socialismo del siglo XXI. En su prólogo, Steffan afirma que la economía de mercado es contraria al bien común, pues la misma no conduce al ser humano a actuar de manera ética, crítica ni estética, sino que por el contrario fomenta sistemáticamente los anti-valores del egoísmo, del poder y de la explotación. Con esta doctrina como piedra angular de su pensamiento, Chávez está abocado últimamente a la estatización de cuanta empresa se le ponga en el camino.
Kirchner. Correo Argentino, Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas, Tandanor, Papelera Massuh... Si de lo que se trata es de poner bajo la lupa el comportamiento que en materia de injerencia económica estatal está adoptando en este último tiempo el gobierno argentino, es oportuno concentrarse en primer término en su intencionalidad. Aún cuando desde la Casa Rosada quiera instalarse la idea de que el mismo se da con el objeto de preservar el nivel de empleo y asegurar la provisión de algunos servicios esenciales, lo cierto es que su fin último parece ser la resultante de una amalgama de intereses económicos y políticos por parte de los Kirchner.
La nota completa, en la última edición de la Revista Fortuna .
