Es difícil en Argentina dar certezas sobre cómo terminarán de definirse los escenarios de la política y la economía en 2014. Terminando enero, la sensación para muchos, por la dinámica de las noticias y decisiones del Gobierno, es de una mayor confusión. Sin embargo, y pese a estar acostumbrados a tantas vacilaciones, hay ciertas insinuaciones que pueden orientarnos.
La primera señal fue el lanzamiento desde el Banco Central de una letra en pesos destinada a las cerealeras con la esperanza de que permitiera ingresar a las reservas unos US$ 1.500 millones extra. Una devaluación acelerada del peso y la desconfianza que abre una nueva emisión de deuda fueron argumentos suficientes para convencer al sector de que por ahora no sería acertado adelantar ventas.
Es entendible porque el Gobierno insiste en tomar determinaciones de política económica que vuelvan a convertir en socio estratégico el campo. Los cálculos oficiales hablan de que al país le habrían dejado de entrar unos US$ 4 mil millones sólo por granos que no se vendieron, sobre una recaudación en el ciclo 2013/2014 en el orden de los US$ 8.500 millones.
- Se tienen retenidos, en dólares: 600 millones no comercializados de trigo, 1.000 millones de maíz y 2.400 millones de soja. Si bien una devaluación es una señal para el campo, una medida como llevar en apenas 48 horas el dólar oficial a 8 pesos genera también un grado de desorientación mayor en el objetivo de acelerar las ventas. Dos motivos básicos; no sólo la duda del productor de si será o no la última corrección, sino también del impacto final que esta decisión pueda tener en los precios de los insumos. ¿Es tiempo de vender o de retener? Esto dependerá de la estabilización de los costos, que dependerán en gran medida de las señales que el Gobierno genere para saber si tiene un plan para controlar la inflación, cambiar las expectativas y generar confianza.
En términos de analizar qué parte de la devaluación va a los precios y engorda la inflación, hay que determinar qué costos de la producción influyen en la actividad agrícola, y la circunstancia en cada caso:
- Maquinarias, equipos, implementos agrícolas, cauchos y todos los repuestos agrícolas. En Argentina, el impulso en los últimos años a las unidades de fabricación local puede aliviar la dependencia a la importación de maquinaria. Sin embargo, a pesar de las fuertes inversiones, el ensamblaje con partes importadas sigue generando un déficit comercial sectorial.
- Semillas. La semilla depende de si es de producción nacional o extranjera, ya que si se produce en el país tendrá el impacto general del sector pero si se trae del extranjero, el ajuste puede seguir al porcentaje de devaluación. Lo mismo puede ocurrir para los agroquímicos y fertilizantes.
- Combustibles y lubricantes. La dependencia energética argentina y la necesidad de inversiones prevén que haya correcciones en los precios, lo cual encarecerá fundamentalmente los fletes.
- Salarios. El Gobierno intentará controlar los pedidos de actualización salarial; no obstante, los principales sectores sindicales estarían exigiendo una suba del 30%. Aquí serán determinantes la fuerza de negociación oficial y la posibilidad de llegar a acuerdos salariales parciales.
- Financieros. En este punto, el mantenimiento de líneas de crédito a tasas subsidiadas en un contexto de aumento de los intereses y la posibilidad de renegociar deudas a los productores serán clave.
- Tributarios. El Gobierno ha esbozado alguna idea para modificar las retenciones para favorecer al trigo y al maíz, en desmedro de la soja, habrá que determinar la viabilidad, y cuestionamientos que pueda generar en cada sector. A esto se suman los incrementos impositivos en los tributos y tasas provinciales y municipales, que comenzaron a llegar con el inicio del año.
La necesidad de los dólares del campo, como única oferta ante una creciente demanda, y por ende la mayor dependencia del Estado hacia este sector dejan en claro la oportunidad de mejoras en la competitividad, si bien una corrección en el tipo de cambio nominal no es suficiente. El otro problema es que la falta de un plan integral genere la percepción de que la devaluación de mañana será mayor que la de hoy.
