Luego del tembladeral por el fallo de la Corte Suprema que congeló los aumentos de tarifas hasta que se hagan las audiencias públicas, hay otro dictamen jurídico que preocupa al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren. Se trata de la posición oficial de la Oficina Anticorrupción por la denuncia presentada contra el funcionario ex CEO de la petrolera Shell por inflingir la Ley de Etica Pública por tener acciones de esa empresa que está bajo su campo como autoridad de aplicación.
Desde la dependencia estatal que conduce Laura Alonso sostienen que la definición estará no antes de un mes, es decir luego de la realización de las audiencias públicas convocadas para el 12 de septiembre. De esta forma, Aranguren podrá mantener la misma línea argumental sobre su polémica tenencia de unos $ 16 millones en acciones de la compañía, que conserva desde que conducía sus destinos en el país hasta fines de junio del año pasado.
En su visita al Congreso el martes pasado, varias veces repitió que se atendría a lo que disponga la Justicia en la materia. En su criterio, no se viola la Ley de Etica Pública porque, según dice, “no firma nunca” ningún expediente que tenga que ver con la compañía de capitales holandeses. Lo que complica esta estrategia es la buena o mala suerte, según cómo se mire, de esta firma, que desde que está su ex CEO en el Gobierno ganó el 80% de las licitaciones para importar gas, más que en la era CFK.
La definición por Shell, después de las audiencias
