La falta de precios demora las inversiones en energía

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que frenó el aumento de tarifas de gas fue un cimbronazo para los inversores, que ahora esperarán antes de avanzar con desembolsos en el sector. Las audiencias públicas que tendrán lugar en varias semanas resultan impredecibles en cuanto a las cifras que podrían lograr consenso y crece el temor de que aun con aumentos limitados se inicie una nueva etapa de judicialización.

Sin cifras claras sobre cuáles serán los ingresos ciertos de las empresas del sector, tanto los inversores locales como los del exterior harán una breve pausa hasta que todo se aclare. Sin embargo, analistas consultados por PERFIL destacaron que hay motivos de fondo para que las inversiones se realicen. Juan Vázquez, head of Equity Research de Puente, señaló: “El fallo de la Corte generó ruidos entre los inversores del sector energético, pero hay un punto clave que también tienen en cuenta y es que los planes de incentivos como Gas Plus siguen vigentes y fueron ratificados por el Gobierno, y esto hace que la exploración sea rentable con un precio de US$ 7,5 por millón de BTU”.

De acuerdo con Vázquez, “el temor es que después de la suba de tarifas comience un proceso de judicialización, y es esperable que inversores del exterior esperen a que se fijen los precios a partir del debate en las audiencias”. Todo esto en el marco de una situación delicada; hoy cerca del 25% del gas que se consume es importado, y si bien se alcanza a cubrir la demanda residencial, sólo se llega al 55% de la necesidad de la industria.

El tiempo de espera alcanzará también a los inversores que apuntan al sector de energía eléctrica. Aguardarán la revisión tarifaria integral (RTI) que espera para los próximos meses y en la que las empresas deberán presentar sus planes y cuentas en el marco de audiencias públicas y donde se establecerá un plan para los próximos cinco años para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

El mercado evalúa. Hay dos licitaciones en curso por en total unos 2.500 megas de potencia termoeléctrica. El Estado pagará un precio más caro por la energía que se genere y hay inversores interesados, que tomaron nota del fallo de la Corte.

De moda. El panorama luce mejor en el caso de las energías renovables, ya que el fallo de la Corte que se refiere sólo al consumo residencial del gas no tiene ningún vínculo. Juan Bosch, presidente de Saesa –trader de energías renovables–, aclaró que hay una ley específica que ya fue reglamentada y hay un llamado a licitación todavía abierto para mil megas, cuyas ofertas técnicas se presentan el 5 de septiembre.
“En energías renovables hay cerca de 25 sitios validados y habilitados, según los estudios ambientales, en los que se pueden llevar adelante proyectos, por los que el Estado realiza las contrataciones, sobre los que se estima una inversión total de entre US$ 1.500 y US$ 1.800 millones”, detalló Bosch. A esto se suma la estimación de las operaciones que se podrán realizar entre privados que se estiman en otros US$ 1.200 millones, pero de las que aún está pendiente que se establezcan criterios desde el ministerio. Para el presidente de Saesa, hay que recordar que en el caso de los proyectos de energía solar, desde que se aprueban hasta que se ponen en funcionamiento pasan unos ocho meses, mientras que en los eólicos, ese plazo se extiende a unos 18 meses