Después de que el jueves el juez Thomas Griesa habilitara a los fondos buitre ampliar el reclamo contra el Gobierno a nuevos títulos por fuera de los incluidos originalmente en su litigio, los demandantes Aurelius y ACP Master no perdieron tiempo y presentaron sus demandas enmendadas solicitando que se declare que los Bonar 2024 son deuda externa y que les corresponde un pago proporcional. Es decir, reaccionaron contrarreloj para intentar complicar la última vía de financiamiento que había encontrado el Gobierno para fortalecer las reservas.
El escrito presentado a última hora del viernes reclama una medida pari passu para prohibir el pago de esos bonos así como de cualquier deuda externa a menos que se haga un pago prorrata a los demandantes. Es decir, los fondos pretenden cobrar de los pagos de servicios y eventuales emisiones futuras del Bonar 2024 por sus tenencias de títulos en default, de US$ 19,7 millones en el caso de Aurelius y de US$ 10,2 millones para ACP Master.
El Boden 2015, que tiene su vencimiento en octubre por US$ 6.500 millones, y sobre el que había dudas de si sería alcanzado por el reclamo, no figura en el escrito presentado el viernes. Sin embargo, el texto hace referencia a “otra deuda externa”, por lo que dependerá de qué sea lo que la Corte considere como deuda externa, aunque se trate de títulos emitidos bajo ley argentina.
“Cualquier pago de deuda externa que no contemple un pago prorrata (para los holdouts) constituye una violación del acuerdo de trato igualitario”, sostiene el escrito firmado por Edward Friedman, abogado de los demandantes.
Respuesta. Sobre este punto, desde el Ministerio de Economía señalaron que se están preparando las respectivas defensas de la República aunque aclararon que todavía no hay fecha de presentación. La estrategia no dicha del Gobierno es que la presentación de los buitres más las apelaciones del Poder Ejecutivos podrían estirar el nuevo round judicial en el tiempo.
A lo largo de 96 páginas, los fondos apuntan a la emisión de Bonar del 23 de abril pasado, donde el Gobierno colocó más de US$ 1.400 millones. El escrito de los buitres apunta además a los bancos colocadores, en particular en Deutsche Bank, aunque también incluye al BBVA.
Para los operadores del mercado local el proceso de la apelación llevará tiempo. Pero más allá de la resolución, el objetivo de los fondos buitre es restringir la posibilidad de que la Argentina tome deuda en el mercado para forzar una negociación por el pago del fallo de Griesa que incluye a Aurelius y al fondo NML Capital, entre otros.
Hasta ahora, el Gobierno de Cristina Fernández reclamó, a través del equipo económico y los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, conocer el monto total del reclamo. Griesa dejó la tarea librada al mediador Daniel Pollack, aunque Economía rechazó su intervención por considerarlo “parcial a los fondos buitre”.
