La publicación esta semana del decreto 929, que otorga beneficios económicos e impositivos a las petroleras que inviertan en Vaca Muerta, provocó una encendida polémica en torno al acuerdo suscripto con Chevron. Desde la oposición acusaron al Gobierno de otorgar ventajas excesivas al capital extranjero y cargaron contra YPF por no hacer público el contrato.
El decreto autoriza a las petroleras que comprometan un desembolso de US$ 1.000 millones en Vaca Muerta a exportar, después del quinto año de inversión, el 20% de la producción de crudo sin pagar retenciones, siempre y cuando el mercado local esté abastecido. Si no, serán compensadas a través de un pago adicional en pesos. También podrán liquidar en el extranjero las divisas provenientes de esas ventas; un reaseguro en tiempos de cepo cambiario.
Allegados a la petrolera afirmaron que se cumplirán con todas las normas fijadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la SEC en EE.UU. Pero advierten que la publicación del contrato favorecería a sus competidores, que contarían con información ventajosa a la hora de encarar una negociación con YPF. “La redacción de un acuerdo para explotar Vaca Muerta es un proceso largo, que implica múltiples negociaciones. Publicar los detalles de ese contrato equivaldría a mostrar la estructura de costos de la empresa”, dijeron.
