De cara a las negociaciones que se espera tenga el equipo económico con los fondos buitre, economistas y analistas de mercado estimaron cuáles son las posibles ofertas que podían ser presentadas por el Gobierno para cancelar la deuda de US$ 1.300 millones que la Justicia ordenó pagarle a NML, pero que el Poder Ejecutivo estima que gatillaría obligaciones por casi US$ 15 mil millones para el resto de los bonistas.
Fuentes del sector financiero señalaron a PERFIL que una opción es que el Poder Ejecutivo realice una oferta similar a la que llevó para llegar a un acuerdo con Repsol por las acciones de YPF, esto es un pago con emisión de bonos largos con vencimiento en 2024 y 2033, que la firma española liquidó rápidamente en el mercado para hacerse de liquidez. Es una de las opciones con más posibilidades, que además ahora cobra más fuerza por la referencia que la presidenta Cristina Kirchner hizo en su discurso de ayer.
Sobre este escenario, fuentes del sector financiero señalaron que sería un acuerdo homologado por el juez Thomas Poole Griesa, en donde la Argentina pedirá que se deje por escrito que se mantendrá la medida cautelar o stay, y también que el acuerdo no será extendido al resto de los bonistas. Según agregaron los operadores, uno de los mayores bancos de inversión del mundo con diálogo fluido con Paul Singer, el dueño del fondo Elliott Management, ya estaría reuniendo acreedores por US$ 8 mil millones para cerrar el acuerdo en los próximos días.
Un segundo esquema sería con las mismas condiciones pero comprendería una parte del pago de efectivo que en el mercado estiman que sería el menor posible, para no afectar el nivel de reservas internacionales del Banco Central, que han venido cayendo hasta hace algunos meses. Una alternativa sería que hubiera, además, un depósito en efectivo para, mientras tanto, negociar con esa garantía para el juzgado.
Otro esquema analizado en el exterior, con muchas menos probabilidades, es que la Argentina pague a los fondos que ganaron el litigio un monto similar al abonado a quienes entraron al canje a través de títulos públicos de largo plazo, más una diferencia que completaría el 100% del capital reclamado que determina el fallo de Griesa, y cuyos fondos podrían provenir de un banco del exterior, aunque algunos funcionarios también hablan de movimientos de un banco local en ese sentido. En ese marco, estiman que la firma participante posteriormente negociaría con el Estado ser la entidad que coloque deuda nacional cuando la Argentina regrese a pedir deuda externa. Uno de los argumentos es que al tratarse del cumplimiento de un fallo judicial –y por lo tanto forzoso–, la Argentina no estaría incumpliendo la cláusula RUFO (Rights Upon Futures Offers), que prohíbe hacer una propuesta superadora en forma “voluntaria” a un acreedor sin hacérsela al resto.
