Hace casi cinco años, en pleno invierno de la pos-convertibilidad, le pregunté a un alumno francés
de intercambio qué cosa le llamaba más la atención de la economía argentina. No dudó. Primero: la
desigualdad abismal y en aparente coexistencia pacífica, de ricos y desahuciados. Y luego: la
circulación de todo tipo de bonos con curso legal. Era el tiempo de los patacones, lecops y tantas
cuasimonedas que los gobernantes emitían ahogados por la caída en la recaudación y la imposibilidad
de endeudarse.
Lejos de aquella coyuntura, la reciente crisis palaciega que terminó con el ministro de
Economía de la provincia de Buenos Aires, Gerardo Otero, en la creciente fila de ex funcionarios
enojados, tiene varios puntos en común.
La tensa situación de planteos salariales que tuvo como epicentro el anuncio del ministro y
candidato en campaña a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Filmus, cabalga sobre
una paradoja: la provincia más rica, poblada y en la cual se halla la mayoría del capital
productivo del país, no puede sostener un aumento en el gasto público sin caer en el peligro de un
rojo que la empuje a decisiones drásticas y erradicadas del léxico de la actual administración
nacional: recorte, impuestazo, empréstito, emisión de bonos...
Todo converge en un punto: la provincia es la más castigada por la inercia en las matemáticas
legislativas. Materia pendiente de la reforma constitucional de 1994, una nueva ley de
coparticipación, viejo anhelo bonaerense, tropezaría con las provincias nuevas ricas y chicas en
población, como las patagónicas y las pobres del noroeste, impedidas de recursos propios.
El creciente aumento en la recaudación impositiva se fundamentó en la espectacular evolución
del IVA (+28,4% en febrero vs. 2006), Ganancias (+16,7%) y contribuciones patronales (+36,5%), como
resultado de una mayor actividad económica, aumento en los precios de bienes y salarios y salto del
empleo.
Vuelta de página. Las provincias, en cambio, se deben contentar con los incómodos impuestos
sobre autos e inmuebles y a los Ingresos Brutos. La revaluación de las tasaciones no siempre
coincidiría con un aumento similar en los ingresos del propietario.
Y mientras la Nación sigue mostrando superávit primario, en La Plata ya dieron vuelta la
página. Impedidos de participar de las retenciones a las exportaciones desde su propio terruño, el
déficit apareció hace dos años. Entre 2003 y 2005 las provincias tuvieron superávit primario y
financiero récord. En cambio, en 2006 en conjunto registrarían un déficit financiero de más de $400
millones, el 0,3% del PBI, contra el 1,4% en 2004.
En Buenos Aires, el déficit primario arañó los $500 millones y el déficit financiero fue de
más de $1.280 millones. El reciente salariazo docente agrega $1.100/1.200 millones al rojo
provincial, por lo que Economía & regiones proyectó un déficit final de $2.700 millones, aún
con la oportuna ayuda K .
Si bien estos avatares financieros no preocupan demasiado al Palacio de Hacienda, el parate
en los mercados de la semana anterior y la reciente sanción de leyes que como la Reforma
Previsional, el nuevo piso de Ganancias y la creación de servicios públicos estatales, amenazan
socavar estructuralmente el superávit, que, recordemos se basa sobre dos impuestos
“distorsivos”: las retenciones y a los débitos bancarios.
No pasará ya mismo, pero la trayectoria del ahorro fiscal es ineludible: desaparecerá, a
menos que se tuerza el rumbo o los commodities peguen otro golpe en su demanda. Asignar
probabilidades a estas tendencias puede ser tan arriesgado como la necesidad de volver al difunto
Patacón, signo inequívoco del desequilibrio en la relación entre la provincia que fue rica y la
Nación que dejó de ser pobre.
Patacón a la vista
Gerardo Otero cayó como consecuencia de la presión política K.