Hace casi cinco años, en pleno invierno de la pos-convertibilidad, le pregunté a un alumno francés de intercambio qué cosa le llamaba más la atención de la economía argentina. No dudó. Primero: la desigualdad abismal y en aparente coexistencia pacífica, de ricos y desahuciados. Y luego: la circulación de todo tipo de bonos con curso legal. Era el tiempo de los patacones, lecops y tantas cuasimonedas que los gobernantes emitían ahogados por la caída en la recaudación y la imposibilidad de endeudarse.
Lejos de aquella coyuntura, la reciente crisis palaciega que terminó con el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Gerardo Otero, en la creciente fila de ex funcionarios enojados, tiene varios puntos en común.
La tensa situación de planteos salariales que tuvo como epicentro el anuncio del ministro y candidato en campaña a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Filmus, cabalga sobre una paradoja: la provincia más rica, poblada y en la cual se halla la mayoría del capital productivo del país, no puede sostener un aumento en el gasto público sin caer en el peligro de un rojo que la empuje a decisiones drásticas y erradicadas del léxico de la actual administración nacional: recorte, impuestazo, empréstito, emisión de bonos...
Todo converge en un punto: la provincia es la más castigada por la inercia en las matemáticas legislativas. Materia pendiente de la reforma constitucional de 1994, una nueva ley de coparticipación, viejo anhelo bonaerense, tropezaría con las provincias nuevas ricas y chicas en población, como las patagónicas y las pobres del noroeste, impedidas de recursos propios.
El creciente aumento en la recaudación impositiva se fundamentó en la espectacular evolución del IVA (+28,4% en febrero vs. 2006), Ganancias (+16,7%) y contribuciones patronales (+36,5%), como resultado de una mayor actividad económica, aumento en los precios de bienes y salarios y salto del empleo.
Vuelta de página. Las provincias, en cambio, se deben contentar con los incómodos impuestos sobre autos e inmuebles y a los Ingresos Brutos. La revaluación de las tasaciones no siempre coincidiría con un aumento similar en los ingresos del propietario.
Y mientras la Nación sigue mostrando superávit primario, en La Plata ya dieron vuelta la página. Impedidos de participar de las retenciones a las exportaciones desde su propio terruño, el déficit apareció hace dos años. Entre 2003 y 2005 las provincias tuvieron superávit primario y financiero récord. En cambio, en 2006 en conjunto registrarían un déficit financiero de más de $400 millones, el 0,3% del PBI, contra el 1,4% en 2004.
En Buenos Aires, el déficit primario arañó los $500 millones y el déficit financiero fue de más de $1.280 millones. El reciente salariazo docente agrega $1.100/1.200 millones al rojo provincial, por lo que Economía & regiones proyectó un déficit final de $2.700 millones, aún con la oportuna ayuda K .
Si bien estos avatares financieros no preocupan demasiado al Palacio de Hacienda, el parate en los mercados de la semana anterior y la reciente sanción de leyes que como la Reforma Previsional, el nuevo piso de Ganancias y la creación de servicios públicos estatales, amenazan socavar estructuralmente el superávit, que, recordemos se basa sobre dos impuestos “distorsivos”: las retenciones y a los débitos bancarios.
No pasará ya mismo, pero la trayectoria del ahorro fiscal es ineludible: desaparecerá, a menos que se tuerza el rumbo o los commodities peguen otro golpe en su demanda. Asignar probabilidades a estas tendencias puede ser tan arriesgado como la necesidad de volver al difunto Patacón, signo inequívoco del desequilibrio en la relación entre la provincia que fue rica y la Nación que dejó de ser pobre.